Honduras
La Secretaría de Finanzas y la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) comenzaron el proceso para que las seis mineras que evadieron el fiscal paguen los impuestos correspondientes por la importación de más de 600 millones de lempiras en diferentes productos y bienes.
La denuncia de EL HERALDO sobre este caso de defraudación fiscal hizo que las autoridades pusieran cartas en el asunto y procedieran a anular las 84 libranzas de los importaciones que se dieron luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una resolución para ese fin en 2007, pero que nunca se obedeció.
La titular de la PGR, Ethel Suyapa Deras, indicó que Finanzas remitió la semana pasada a Defomin los 84 expedientes de las ilegales dispensas que se dieron para que anule los dictámenes que dio a favor de esos beneficios y luego sean devueltos a Finanzas para decretar la nulidad total de las exoneraciones.
La invalidación de las dispensas tiene como fin último que se "proceda para que estas compañías enteren al fisco las obligaciones que debieron haber pagado en razón de que no tenían ninguna exención de que gozar", indicó la procuradora.
EL HERALDO publicó que seis mineras, entre ellas Entremares, Minerales de Occidente, Agregados del Caribe, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur, fueron beneficiadas al recibir, entre octubre de 2006 y octubre 2007, un total de 84 dispensas fiscales amparadas en el artículo 74 de la Ley General de Minería, que ya había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2006.
El beneficio fue dado durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
En esta sentencia, publicada en el diario oficial La Gaceta, también fueron derogados otros 13 artículos.
Pese a esta resolución, Defomin dio dictámenes favorables a las dispensas y luego Finanzas procedió a aplicar la exención durante un año.
En Finanzas y Defomin aseguran que nunca se dieron cuenta de la publicación del fallo y que por eso se dieron las exoneraciones.
La PGR elaboró dictámenes para cada dispensa en los que ordenaba que el descargo era inconstitucional y que Defomin debería anular los dictámenes y luego se procediera a cobrar los impuestos.
Esta resolución fue enviada junto a los expedientes de las dispensas a Finanzas, pero esta última nunca accionó a fin de que se resarciera el daño económico que sufrió el Estado.
Anulación
Es ahora que la denuncia sale a la luz pública que comienza el camino para obligar a las empresas mineras a que cancelen los impuestos.
Las seis empresas mineras pidieron en la solicitud que, además del artículo 74 de la ley Minera, se les aplicara el Régimen de Importación Temporal ( RIT) para gozar de las dispensas.
Pero la Procuradora dice que este argumento no es válido, según consta en la resolución de la PGR.
"La Procuraduría ha hecho un análisis del contenido de las resoluciones y las resoluciones emitidas por Defomin están fundamentadas básicamente en el artículo 74 (derogado) de la Ley de Minería, por tanto, las argumentaciones que se han hecho en cuanto a que había otras disposiciones legales que amparaban el otorgamiento de exenciones, a criterio de la Procuraduría, no son aplicables".
EL HERALDO intentó reiteradamente conocer la reacciones de las mineras, pero ninguna respondió.
Celeridad
Por su lado, el secretario general de Finanzas, Ricardo Estrada, explicó que los ministros de esa cartera, William Chong Wong, y el de Recursos Naturales ( Serna), Rigoberto Cuéllar, se han comprometido a que el procedimiento para recuperar los impuestos de las mineras se haga lo más pronto posible.
"De repente puede haber una institución que trabaje diligentemente, pero otra no, así que se ha acordado que habrá voluntad de todas en su áreas para que se logre el pago de esos impuestos".
Todavía no se ha fijado un plazo para subsanar la evasión fiscal, pero aseguró que posteriormente, en reuniones entre personal de Finanzas y Serna, se tratará de establecer un plan de trabajo para calcular cuándo terminaría ese proceso.
Estrada respaldó el dictamen de la Procuraduría General de la República en el sentido de que indicaba el camino a seguir para la anulación de las dispensas, pero que por razones desconocidas no se aplicó por Finanzas ni Defomin.
Las mineras pueden objetar la anulación de las dispensas y en ese caso la situación se tendría que dirimir en los tribunales de justicia. De perder el juicio las mineras, se exponen a pagar no solo el valor de los impuestos, sino que otras cantidades en concepto de intereses y multas.
Pero no solo estas empresa tienen que enfrentar responsabilidades, también los funcionarios de Defomin y Finanzas que allanaron el camino para que se produjera la evasión.
La Fiscalía contra la Corrupción anunció que iniciará una investigación sobre este caso y que piensa llamar a declarar a los funcionarios involucrados.
EL HERALDO conoció que la jefa de Franquicias, unidad que concedió las dispensas, recibió la semana pasada su acuerdo de cancelación, aunque no se estableció si por su implicación en el escándalo o por cambios rutinarios en el nuevo gobierno.http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%
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