Las organizaciones y movimientos sociales que conformamos la Plataforma de Derechos Humanos y la Plataforma Agraria, condenamos enérgicamente el ataque brutal del que fueron víctimas los miembros del Movimiento Campesino del Aguan (MCA) el lunes 15 de Noviembre de 2010, en la finca El Tumbador, Trujillo, departamento de Colón.
Esta masacre es una clara evidencia de como nuevamente se han unido las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y el ejército particular del oligarca Miguel Facussé, para hacer valer la fuerza de la bota y el fusil, sobre el derecho y la justicia, asesinando a los compañeros: Teodoro Acosta, Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Siriaco de Jesús Muñoz y José Luis Sauceda. Todos ellos miembros del Movimiento Campesino del Aguan y, hoy, mártires de la lucha por el acceso a la tierra que les pertenece. También se registran 4 heridos de gravedad. Con esta nueva masacre, la escalada de los conflictos agrarios en el Aguan, deja un saldo de 16 campesinos afiliados al MUCA y al MCA, asesinados en el 2010.
Igualmente denunciamos la campana mediática orquestada por los medios golpistas, que en colusión con Miguel Facussé y el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, para hacer parecer a las víctimas como culpables y delincuentes, en un burdo intento de imitar la estrategia del paramilitarismo colombiano de “los falsos positivos”, cuando en realidad se trata de una masacre contra campesinos que defienden su tierra, al amparo del derecho que les ha otorgado el Instituto Nacional Agrario (INA).
Los asesinatos ocurrieron cuando entre 200 y 300 guardias del ejército privado de Miguel Facussé, cuando desalojaron violentamente a los campesinos que habían ocupado 700 manzanas y que ilegalmente Miguel Facussé se ha apropiado en el sector de “El Tumbador”. En el brutal acto se ha denunciado que los sicarios utilizaron armas de grueso calibre reservadas para uso militar durante aproximadamente 4 horas, ante la indiferencia de los órganos policiales de la zona.
Sospechosamente la policía se presentó al lugar de los hechos hasta las 12:30 como que si estuviera interesada en que los resultados fueran más dramáticos. Su propósito y su acción fue la desalojar a los campesinos y dejar en posesión de las tierras a los guardias de Facussé.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, han militarizado la zona del Aguan. Desde La Ceiba hasta Trujillo hay retenes y el ejército, al igual que los sicarios de Miguel Facussé, con pasamontañas y en carros civiles 4X4 se pasean por toda la zona, y aun en el centro de la ciudad de Tocoa, en clara señal de amedrentamiento a todo aquel o aquella que ose apoyar a los (as) campesinos (as) organizados (as).
La cortina de humo que se ha lanzado sobre la realidad de lo sucedido en esta masacre se manifiesta cuando Oscar Álvarez señala “la necesidad de proteger a la población”, o cuando el inequívoco ministro de defensa Marlon Pascua dice que moverán a las Fuerzas Armadas hacia la Zona del Aguán “a solicitud del ministerio de seguridad”.
De nuevo queda claro que las instituciones del estado están al servicio de los terratenientes de la región y que los guardias de seguridad sustituyen a los organismos represivos del estado y proceden a capturar, torturar y asesinar a quienes se oponen a los poderosos con toda autoridad y complicidad con la policía.
Ante esta barbarie:
1. Recordamos que Honduras es Estado parte de los principales tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto, está obligado a respetar, promover, garantizar y hacer efectivos todos los derechos humanos, y por ende también el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la alimentación de la población campesina del Bajo Aguan.
2. Exhortamos a los organismos de derechos humanos, gobiernos y organismos supranacionales presionar al régimen de Porfirio Lobo para que detenga la violencia que tanto daño causa a los pobladores del Valle del Aguán.
3. Exigimos la investigación de los asesinatos, la persecución y castigo para los actores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en el Bajo Aguan, así como también la implementación de la legislación vigente (decreto legislativo 18-2008) para resolver el caso del CREM
4. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones con vínculos internacionales para que denuncien las acciones criminales del régimen, los militares, la policía y la empresa privada de Honduras contra campesinos (as) que luchan por su derecho a una vida digna mediante el acceso a la tierra que les corresponde de acuerdo a las leyes de la República y los convenios internacionales.
Tegucigalpa, 18 de noviembre de 2010
PLATAFORMA DE DERECHOS HUMANOS, PLATAFORMA AGRARIA.
Antecedentes de la problemática.
En 1977, Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, compró 5 mil 700 hectáreas pagando 165 mil Lempiras en la costa del departamento, en flagrante violación a la Constitución que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios de territorios costeros y de zonas fronteriza.
En el marco de la estrategia de la doctrina de la seguridad nacional, en 1983, los Estados Unidos obligó al gobierno de Honduras a instalar el CREM y este se vio obligado a expropiar a Temístocles Ramírez.
En 1987, Temístocles apeló al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo una indemnización por "sus" tierras. El 29 de junio de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó reducir en 17 millones de dólares un préstamo a Honduras de US $ 51 millones hasta que el gobierno hondureño le pagara a Temístocles esa suma millonaria. Esas tierras fueron compradas con deuda externa. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras.
En 1991, en el gobierno de Callejas se proclamó la nueva Ley de Municipalidades, según la cual se permitía a los municipios vender todas las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. La municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM a ganaderos locales por sólo 20-30 lempiras la hectárea. Así, lo que al gobierno le costó 17 millones de dólares, lo vendió la municipalidad por menos de 50 mil. Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales (sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado.
En 1993, la Procuraduría traspasó formalmente estas tierras al INA para que las distribuyera entre campesinos y campesinas sin tierra. Pero el conflicto violento no concluyó ahí. Aún cuando las compras habían sido ilegales, los terratenientes exigieron que el Estado de Honduras les pagara las mejoras y los gobiernos cedieron pagándoles 105 millones de Lempiras.
De agosto del 2008 a septiembre de 2009 se cuentan entre 17 y 19 muertos resultantes del conflicto entre campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney (GC) y los terratenientes. Desafortunadamente el conflicto no concluyó ahí. Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a esa comunidad. De acuerdo a la versión de los campesinos de la Guadalupe Carney, Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera.
Como los campesinos sabían que esas tierras les pertenecían, 9 meses atrás las tomaron. Pero Miguel Facussé reaccionó y los desalojó con la utilización de aproximadamente 300 guardias de seguridad. Esta situación dio pie a que se iniciaran negociaciones entre los campesinos del MCA y Miguel Facussé, partiendo del reconocimiento de parte de este terrateniente que esas tierras no le pertenecían. Lo que se discutía entonces era el pago de las mejoras, pretendiendo, como ha sido su costumbre, de aprovecharse de los recursos del Estado hondureño. Las negociaciones se realizaron con mucha lentitud y la participación del INA no estuvo a la altura de lo que le manda la ley dejando espacio a la violencia.
