miércoles, 14 de septiembre de 2011

Crímenes impunes en Honduras

EN EL PAIS CENTROAMERICANO AUMENTAN LOS ASESINATOS POLITICOS

La semana pasada fueron asesinados un referente social cercano a Zelaya y un periodista, ambos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Ninguna de las muertes de periodistas ha sido esclarecida.


El ex mandatario Zelaya junto a Emo Sadloo; ambos estuvieron refugiados en la Embajada de Brasil.

Por Gustavo Veiga
El crimen político avanza en Honduras con la precisión quirúrgica de un cirujano. La última semana asesinaron a un referente social cercano al ex presidente Manuel Zelaya en la capital, Tegucigalpa, y a un periodista en Puerto Cortés, al norte del país. Los dos tenían en común que integraban el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Los dos también terminaron agujereados a balazos. “Es una declaración de guerra, éste es un asesinato político que trae un mensaje para mí, para los que están alrededor mío con el fin de detenernos”, dijo Mel Zelaya sobre la muerte de Mahadeo Roopchano Sadloo, un ciudadano de Surinam nacionalizado hondureño y al que se conocía popularmente como Emo. Había acompañado al mandatario depuesto desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 e incluso se refugió con él en la Embajada de Brasil durante su asilo de cuatro meses. Medardo Flores trabajaba en la radio Uno de San Pedro Sula y administraba las finanzas del FNRP. Es el decimosexto periodista que pierde la vida desde febrero del año pasado.
Guillermo Amador Padilla, un exiliado hondureño en la Argentina, afirma que en su país existe una lista “con los nombres de diez dirigentes del FNRP que van a matar. Mi hermano gemelo René y yo estamos en ella”. La denuncia comenzó a ser corroborada hace tiempo –se calcula que asesinaron a unos doscientos opositores desde el derrocamiento de Zelaya– y cobró fuerza con los crímenes de Sadloo y Flores. “Es hora de que pongamos atención a todo lo que está pasando. Parece que hay un plan, pero hay que desarticularlo...”, dijo el ex presidente desde Tegucigalpa, ratificando las palabras de Padilla.
Emo, según el propio Zelaya, “era una de las diez personas más significativas del Frente y una de las más reconocidas a nivel mundial”. Ataviado con una bandana de color rojo chillón, de larga barba canosa y encendida oratoria, el militante asesinado el martes 6 solía compartir actos y palco con el presidente derrocado. Cuando lo mataron, de cinco balazos, en su gomería del bulevar Suyapa, había llegado momentos antes de exigir la libertad del ex ministro zelayista Alberto Flores Lanza, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de fraude y abuso de autoridad. En el FNRP lo defienden con el argumento de que es un preso político del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Al crimen del dirigente de 55 años se sumó el de Flores, un periodista de 62, graduado en la Escuela de Locutores del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Radio Uno, en San Pedro Sula. Agricultor y ganadero también, es la segunda víctima del FNRP en una semana. Lo mataron de nueve balazos en Río Blanquito, departamento de Puerto Cortés, donde vivía “cuando lo emboscaron en el automóvil de regreso a su casa”, informó el director de la emisora donde trabajaba, Arnulfo Aguilar. Flores se ocupaba de las finanzas del Frente en la zona norte del país y en la década del 80, durante la dictadura militar, se había marchado al exilio. No había pasado mucho tiempo desde el último caso de un periodista asesinado. El 19 de julio mataron a Nery Orellana en la frontera con El Salvador. Era director de una radio rural.
A pesar de que el presidente Lobo Sosa señaló que “los responsables de estos crímenes serán castigados” y de que “hemos tomado la decisión de poner toda la fuerza del Estado para dar con el paradero de los asesinos de Emo Sadloo”, ninguna de las muertes de periodistas ha sido esclarecida, según los cables de agencias internacionales. Tampoco otros crímenes políticos cometidos por sicarios que han gozado de una gran impunidad desde que asaltó el poder el ex dictador Roberto Micheletti.
En Honduras esto resulta posible, entre otros motivos, porque la policía está involucrada en el delito en una proporción elevadísima. El 2 de septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores, informó que entre 1999 y este año hubo 5270 denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, aportó otro dato alarmante el último viernes. En lo que va de 2011 ya hubo 4412 muertes, cuando en igual período de 2010 la cifra había llegado a 4391. Los especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes, una cantidad superior a la de México, país donde la lucha del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó los índices de asesinatos hasta las nubes.
Con estas estadísticas, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) maneja la hipótesis de que el asesinato de Emo se trató de un hecho de delincuencia común y desde el gobierno se ofrece una recompensa de 100 mil lempiras para dar con el o los autores. En ese sentido se expresó Palma: “Es un crimen de delincuencia común lo que está tomando más fuerza y es hacia allí a donde están apuntando los investigadores”.
Muy distinta es la posición del FNRP. En un comunicado denuncia que “este nuevo acto de terror es un crimen político con el que se intenta desmovilizar y desmoralizar al Frente Nacional de Resistencia Popular. Responsabilizamos a la oligarquía y a las fuerzas represivas del Estado y exigimos que se esclarezca y se castigue a los autores materiales e intelectuales”.
En el velatorio de Sadloo, sus compañeros del Frente detectaron a un agente de inteligencia infiltrado y lo entregaron a la Policía Nacional. Reydi Arturo Ardón Sánchez tenía en su poder una carta con su nombramiento como miembro de los servicios hondureños. Además de este detalle que evidencia su incompetencia, los integrantes del FNRP comprobaron que su rostro coincidía con una imagen que había distribuido su propia fuerza del presunto asesino. El periódico El Libertador publicó la fotografía del espía y el retrato hablado de quien sería el autor material de los disparos contra Emo. Y en efecto, hay cierta coincidencia entre los dos.
“La lucha está empezando, díganles a los sicarios que si quieren sangre hay gente aquí dispuesta para entregarla, porque ya estamos cansados y no van a pararnos con la muerte de ninguno de nosotros”, señaló Zelaya, quien recordó a las casi doscientas víctimas de la represión política provocadas desde el golpe de junio de 2009. Otra cantidad similar de hondureños tuvo que exiliarse, como el gemelo Padilla. Para él todo comenzó después de que Micheletti, con respaldo del Congreso, el empresariado y las fuerzas armadas, destituyó al ex presidente. En el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, la policía y el ejército se pusieron a “elaborar los perfiles de quienes integrábamos el Frente y de sus líderes. Ellos tienen cientos de personas identificadas como estudiantes, dirigentes sindicales y militantes sociales. A mí me advirtieron que mi fotografía y la de mi hermano estaban ahí. Están intentando provocar a la resistencia con estos crímenes. Quieren llevarnos a una guerra civil”, concluyó el exiliado hondureño que por ahora sobrevive en Buenos Aires.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176676-2011-09-13.html

domingo, 4 de septiembre de 2011

Congreso hondureño analiza venta de tierras en Bajo Aguán

31 de agosto de 2011, 14:10Tegucigalpa, 31 ago (PL) El Congreso Nacional de Honduras prevé aprobar hoy un proyecto de ley que facilitará a los campesinos la compra de tierras en el Bajo Aguán, lo cual podría poner fin a un conflicto agrario en la región.

  La iniciativa fue introducida anoche en el pleno del Legislativo, ante lo cual su presidente, Juan Orlando Hernández, declaró que es probable su aprobación esta noche.

Se trata de casi cuatro mil 712 hectáreas de tierra que los labriegos comprarán a un costo de unos 636 millones de lempiras (33 millones 473 mil dólares), con préstamos adquiridos en la banca privada.

El monto deberá ser pagado en 15 años mediante la retención de al menos el 35 por ciento de la venta de la fruta de palma africana.

De acuerdo con Hernández, el proyecto de ley en discusión no admite cambios porque forma parte de los convenios entre campesinos compradores y los vendedores.

Asimismo, explicó que el Estado solo actuará como garante de los acuerdos entre las partes relacionadas con el conflicto agrario del Bajo Aguán.

Los campesinos apoyan la medida, pero también exigen una reforma agraria integral y la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, dijo el portavoz del Movimiento Campesino Unificado del Aguán, Vitalino Álvarez.

rmh/yea
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=319653&Itemid=1


Militares y droga excitan conflicto por la tierra


Honduras: Matan a campesino en Valle del Aguán, zona en conflicto de tierras
02 de septiembre de 2011  21:36

Un campesino fue asesinado el jueves en el conflictivo Valle del Aguán, noreste de Honduras, escenario de cruentos enfrentamientos entre pequeños agricultores y grandes latifundistas, dijo el portavoz de un movimiento campesino este viernes.
'Elvis David González, de 23 años, fue bajado de un bus y luego asesinado', dijo el portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez, a la AFP.
La disputa entre los campesinos que han ocupado varias fincas de la zona y terratenientes defendidos por guardias armados se había agravado hace unas semanas con la muerte de 11 personas.
Entre las víctimas hay varios dirigentes del movimiento campesino.
Unos 600 hombres, entre policías y militares, se sumaron a cerca de 400 que ya estaban en la zona, el 19 de agosto, con el propósito de frenar la violencia.
Desde que comenzó el conflicto por la tierra hace dos años ya van van más de 50 muertes.
El Bajo Aguán es también santuario de narcotraficantes que trasiegan droga por vía aérea utilizando pistas clandestinas o en embarcaciones a través del mar Caribe.
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1196986/Honduras+Matan+a+campesino+en+Valle+del+Aguan+zona+en+conflicto+de+tierras.htm


Militares y droga excitan conflicto por la tierra

Tegucigalpa, Por Thelma Mejía (IPS) -Uruguay al Día (UD) El envío de grandes contingentes militares a la región del Bajo Aguán, en Honduras, revive el añejo conflicto por la tierra en una zona donde convergen actores ligados al crimen organizado, que pueden prestarse a acciones armadas, terratenientes y campesinos que reclaman una nueva reforma agraria.

La violencia creció en la segunda parte del mes en el fértil valle del Bajo Aguán, en la nororiental región atlántica, donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un dirigente del Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina (Marca) y otro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca).

Primero fue el presidente del Marca, Secundino Ruíz Vallecillo, quien fue ejecutado el 20 de este mescuando venía de retirar un dinero del banco para efectuar los pagos de fin de semana a los labriegos. Un día después fue asesinado en su casa el vicepresidente del Muca, Pedro Salgado, y su esposa, Reyna Mejía.
Los crímenes, al parecer a cargo de sicarios, se perpetraron en momentos en que las autoridades desplazaban a la zona un operativo militar y policial de unos 1.000 efectivos, denominado Xatruch II, que mantiene severos controles carreteros, entre otras acciones.
En el caso del asesinato del presidente del Marca, las autoridades apuntan al móvil del robo, pero no dan mayores evidencias que justifiquen su tesis, mientras que en el caso del vicepresidente de Muca ni siquiera tienen pistas ni hipótesis al respecto.
Para la Plataforma de Lucha de Derechos Humanos, que agrupa varios organismos civiles, el problema del Bajo Aguán es tan complejo que “el mismo Estado puede caer en una trampa si se conforma una estructura de escuadrones de la muerte al servicio de los terratenientes, como parece ser la tendencia”, dijo a IPS uno de sus integrantes, Andrés Pavón.
Los temores de Pavón son compartidos por el sociólogo Eugenio Sosa, quien estuvo en la zona de conflicto y entiende que, si bien no existen indicios que apunten al accionar de paramilitares al servicio del Estado como en la década del 80, “sí hay aprovechamiento de mafias del tráfico de drogas que, en función de hacer negocios, no les importa pactar con quien se les acerque”.
Sosa recordó a IPS que el conflicto agrario en Honduras no es nuevo, solo se reedita cada tiempo y esta vez con mayor violencia por la presencia de actores ajenos a los sectores en pugna.
La región del Aguán, como todo el norteño departamento de Colón, sostiene, son “zonas donde la institucionalidad no ha funcionado y el Estado siempre ha sido débil frente a estos problemas”.
Para el coronel en retiro Agustín Avelar, en tanto, la presencia militar y policial no “puede por sí sola resolver ese conflicto, pues ahí se necesitan respuestas integrales del Estado”.
“En esa zona hay un conflicto que está haciendo crisis y, si no se controla, no habrá vuelta atrás. Cualquier cosa puede suceder”, advirtió ante la consulta de IPS.
El problema de la tierra en Honduras es tan persistente en el tiempo como violento. Si bien hubo un aplacamiento con la reforma agraria de hace medio siglo, al distribuirse más de 409.000 hectáreas, ello no frenó el proceso de concentración, intensificado en las últimas dos décadas. Se estima que unas 126.000 familias campesinas no tienen acceso ni a la tierra ni a un empleo permanente.
Con el gobierno del derechista Porfirio Lobo se abrió una puerta a la negociación de un nuevo proceso, pero los últimos hechos “pueden complicar todo porque los terratenientes no dan señales de ceder”, dijo Sosa.
La violencia en el Bajo Aguán se reedita justo cuando el gobierno se aprestaba a entregar a campesinos del Marca, Muca y del movimiento Rigores casi 4.000 hectáreas de tierra que habían sido negociadas en un convenio de compra-venta con el magnate Miguel Facussé, principal terrateniente de la zona, luego de forzadas negociaciones que duraron 18 meses.
Facussé suspendió el acuerdo y, por tanto, también la entrega de las parcelas, tras acusar a los campesinos del asesinato de seis guardias privados de seguridad y de uno de los técnicos fitosanitarios.
Desde 2009, los campesinos mantienen choques con los terratenientes de la zona del Bajo Aguán, liderados por Facussé y René Morales, quienes son los que poseen mayor cantidad de hectáreas de tierra en la zona, que según los labriegos fueron apropiadas indebidamente.
En el caso de Facussé, sólo en la región atlántica posee unas 20.000 hectáreas y las acusaciones sobre la obtención de sus tierras, marcada por la violencia, no han prosperado en los tribunales.
Ante los últimos acontecimientos logró agrupar a todo el poder económico del país exigiendo al gobierno un “cese” de la violencia en el campo respetando “los derechos” de Facussé.
Ese respaldo permitió al influyente empresario insinuar que los grupos campesinos estarían siendo entrenados por extranjeros procedentes de Venezuela y Nicaragua, en un afán por darle al conflicto por la tierra un matiz ideológico involucrando a gobiernos izquierdistas.
Pero Gilberto López, de Rigores, refuta esas acusaciones y no duda en afirmar que quien tiene “alianzas es el Tío Mike (Miguel Facussé) y con los narcotraficantes que operan en la zona para liquidar campesinos”.
“Lo digo sin miedo, porque aquí la muerte es la que nos sigue. La autoridad sabe de lo que estamos hablando”, afirmó López. “De dónde nosotros vamos a sacar armas, es Facussé quien está contratando sicarios para los asesinatos”, añadió en entrevista con IPS.
López considera que la militarización de la zona “no va a bajar la intensidad del conflicto, sino que lo puede empeorar, y lo que necesitamos es una nueva reforma agraria en donde terratenientes como Facussé y otros devuelvan lo que robaron con artimañas a los campesinos”.


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!