miércoles, 27 de octubre de 2010

SR. OBISPO: ¿CUANTO COSTÓ SU CAMBIO DE OPINION?

Obispo Santos a favor de la nueva Ley de Minería

23 Octubre, 2010
TEGUCIGALPA.- El obispo de la Diócesis de Copán, monseñor Luis Alfonso Santos, se pronunció a favor de la aprobación de una nueva Ley de Minería, con lo cual demostró que ha cambiado radicalmente de opinión, ya que antes él encabezó movimientos de oposición a esa normativa.
Luis Alfonso
        Santos: “Hay que sacar al pueblo de la pobreza”.Luis Alfonso Santos: “Hay que sacar al pueblo de la pobreza”.
“Sobre la ley de Minería estamos en este momento en suspenso, en febrero de este año el vicepresidente del Congreso presentó la Ley de Minería que había sido hecha por expertos en la materia. Y es una buena Ley de Minería, lo que sucede es que en la agenda del Congreso no ha entrado todavía”, expresó el religioso.
La posición del líder católico sorprendió en el Congreso Nacional, debido a que su posición frente a la anterior legislatura fue que se cerrase la industria minera, pero ahora ya cambió de opinión y elogió la nueva ley introducida por el vicepresidente Marvin Ponce.
La nueva ley prohíbe, entre otras cosas, el uso de cianuro y la explotación minera a cielo abierto. Establece cánones a la industria en beneficio de los habitantes de las comunidades donde hay ese tipo de proyectos.
NO A LOS PETREOS
Ante la pregunta de la prensa, el obispo también se refirió al tema del momento, como es la reforma al artículo 5 de la Constitución de la República sobre el plebiscito y el referéndum.
“En mi criterio muy personal, una Constitución en un país que se considera democrático no debe tener artículos pétreos, porque eso significa que estamos condenándonos por la eternidad a mantener la dictadura de dos partidos: Liberal y Nacional, sobre el pueblo y a prolongar cada vez más el estado de miseria y de pobreza de dos millones y medio de habitantes que viven en la indigencia y de cinco millones que vivimos en pobreza”, consideró.
“Por lo tanto, esa Constitución de 1982 fue hecha por liberales y nacionalistas para mantener en el poder a los dos partidos, que no estaríamos en contra de eso si pudiéramos debatir en igualdad de condiciones con los que representan a los sectores sindicales, campesinos y otros sectores del país”, contrastó.
En ese sentido, el obispo de Copán se declaró a favor de la revisión y reformas al plebiscito y el referéndum y a que se le ponga punto final a los artículos pétreos de la Constitución de la República.
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=198308

viernes, 15 de octubre de 2010

Delitos de contaminación de agua y daños a la salud por las Mineras GoldCorp y EntreMares

Nosotros, miembros del comité ambientalista del valle de Siria,  a lo largo de los últimos diez años hemos presentado reiteradamente denuncias y medios de prueba de los constantes delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por la transnacional minera Goldcorp, a través de las operaciones de la empresa Minerales Entremares de Honduras, en contra de la vida, la salud y el medio ambiente de quienes vivimos en el Valle de Siria.
Lamentablemente en Honduras, el derecho a la justicia siempre ha sido negado a los más pobres y más aún cuando de por medio se encuentran los intereses de las oligarquías hondureñas y del capital transnacional.
Actualmente, los pobladores del Valle de Siria hemos sido víctimas una vez más, del sistema judicial que cierra los ojos ante las injusticias, las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento que esto significa para quienes somos víctimas de la voracidad de empresas mineras como Entremares.
Irónicamente, es este mismo sistema judicial el que abre sus puertas para legitimar acciones delictivas y comportamientos  cuestionables, marcados por la corrupción y la impunidad, en que se amparan los poderosos para inclinar la balanza de la justicia a su favor.
Muestra de ello ha sido el  procedimiento viciado desarrollado en el caso del requerimiento fiscal presentado contra Ejecutivos de Entremares y Funcionarios de Defomin, donde pese a existir pruebas suficientes de los delitos cometidos, El juzgado seccional de Talanga, en contra de los establecido en las leyes nacionales, dicto sobreseimiento definitivo a los delincuentes, interpretando parcial y arbitrariamente la justica.
Particularmente denunciamos los siguientes hechos:
PRIMERO: Sabemos que La empresa ENTREMARES  DE HONDURAS ES UNA SUBSIDIARIA DE LA TRANSNACIONAL MINERA GODCORP,  de mucho poder económico en el mundo, por lo que no dudamos que haya ejercido sus influencias para que el juzgado de Talanga tomara ha determinaciones alejadas del derecho,  como por ejemplo , declarar sin lugar el poder que un día antes de la audiencia inicial los afectados  presentamos al juzgado a efecto que se le permitiera  a un profesional del derecho comparecer en su condición de  acusador privado. La negativa de la juez, es a su vez una negación del derecho de defensa  consagrado constitucionalmente para todos los hondureños. La decisión arbitraria de la juez va en contra de los establecido en el código procesal penal que faculta a las víctimas del delito o en su caso a los demandantes para hacerse representar por un acusador privado, sin perjuicio de las acciones que le corresponden al Ministerio Publico,   tal como lo señala el artículo 16 numeral uno , el art 17 numeral uno , articulo 96 penúltimo párrafo (“la participación de la víctima como ACUSADOR, no impedirá que el Ministerio Publico cumpla con las funciones que le atribuye el presente código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades”).
En definitiva nosotros como miembros de las comunidades afectadas  pretendimos hacer  uso del artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras en donde se establece que los  habitantes de la república tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, mas sin embargo la señora juez nos coarto este derecho limitándonos a que nos representara el fiscal del Ministerio Publico o el procurador del ambiente, cuando nuestro interés iba más allá al pretender ser representados por un apoderado de nuestra confianza.
SEGUNDO: La juez no valoro las pruebas científicas que demostraban la contaminación de aguas, generada desde el interior de la mina, tal y como lo denunciamos oportunamente en el mes de septiembre de 2008. De esta forma se hizo caso omiso a la evidencia del delito cometido, argumentando la juez que no existió la intención de parte de los acusados de cometer este delito, pese a que el delito si se cometió, afectando las fuentes de agua del Valle de Siria.
TERCERO: Estamos plenamente convencidos  QUE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS, con Drenaje acido no fue producto de un CASO FORTUITO , pues fue un hecho que perfectamente se pudo evitar si la empresa ENTREMARES hubiese seguido las recomendaciones hechas tanto por este comité, así como por expertos de la Universidad de Newcastle y el mismo Defomin, relativas al ENCAPSULAMIENTO de los sulfuros expuestos por la voracidad de la empresa de obtener oro del lugar,  sin importar la destrucción  del medio ambiente que hoy nos tiene confrontados y expuestos a los efectos nocivos que los metales pesados. Además el mismo Defomin ha señalado que desde la elaboración del estudio de impacto ambiental, previo al inicio de operaciones, ya existía una predicción de que se generaría drenaje acido como resultado de las operaciones de Entremares y nunca la empresa tomo las medidas pertinentes para evitar la contaminación y los daños derivados de ella.
CUARTO: consideramos increíble que la juez haya justificado las acciones de la mina, argumentando que la generación de Drenaje Acido se debió a las lluvias y  que  estas, estaban fuera de control de la mina. La verdad de los hechos es que la empresa Entremares NO TOMO LAS MEDIDAS para impedir la generación de Drenaje Acido,  por medio de un tratamiento adecuado al banco de sulfuros que la misma empresa expuso al ambiente y que al contacto con el agua de lluvias genero la contaminación denunciada. Esto constituyo el delito por omisión y por falta de diligencia debida, ya que tanto los técnicos como los ejecutivos de Entremares y GoldCorp tenían conocimiento previo del riesgo existente de generación de aguas acids y aun a sabiendas de ello, no tomaron ninguna medida para evitarlo efectivamente.
QUINTO: de igual manera resulta inexplicable que la juez haya liberado de responsabilidad al señor Gustavo Torres gerente de ambiente de Defomin, argumentando que debido al retraso en  la elaboración de informes de los análisis de aguas,  no comunico la evidencia que demostraba los niveles de contaminación de aguas generados en Septiembre 2008. Para el comité es claro que este señor actúo deliberadamente ocultando una información vital que claramente incriminaba a la empresa minera y que  lo mantuvo en secreto hasta que fue descubierta circunstancialmente, un año después de ocurrido el hecho, beneficiando con esta acción a la empresa minera. El comité considera que la decisión tomada por la juez, además de denegar la justicia, se convierte en un incentivo para fomentar la corrupción dentro de los servidores públicos, puesto que a partir de este fallo, cualquier funcionario público puede escudar sus acciones reñidas con la ley, argumentando exceso de trabajo o retazos en los procedimientos internos de las instituciones públicas.
Ante estas injusticas, que muestran un proceso judicial viciado, el comité ambientalista del Valle de Siria exige:
1. Que la Fiscalía especial del ambiente presente los recursos que en cuanto a ley corresponden, que permitan rectificar, la arbitraria e injusta decisión tomada por el juzgado de primera instancia.
2. Que los jueces a quien corresponda resolver el recurso de apelación, se apeguen a derecho y emitan una resolución condenatoria contra los ejecutivos de Entremares, contra la misma Empresa y contra el funcionario de Defomin involucrado en estos actos dolosos.
3. Que por primera vez, el sistema judicial Hondureño, respete y proteja los Derechos de las poblaciones afectadas por las operaciones de Minerales  Entremares de Honduras, dando muestras de respeto a los derechos humanos, compromiso con la justica y apego a la verdad.
Finalmente, declaramos que continuamos en profunda vigilancia de las acciones de los operadores de justicia y denunciaremos todas aquellas acciones  viciadas y carentes de objetividad, que vulneran nuestros derechos humanos y deniegan la justicia.
Así mismo, advertimos que estamos dispuestos a acudir a las instancias internacionales correspondientes para que se nos restituyan los derechos vulnerados tanto por las acciones delictivas de la Empresa Entremares, como también por el estado de Honduras al  incumplir su responsabilidad de aplicar la justicia y el derecho.
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2010.

COMITÉ AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIA.
“JUSTICIA, VERDAD Y REPARACION INTEGRAL”

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!