jueves, 15 de abril de 2010

EN LA HONDURAS DE PORFIRIO LOBO SON "DERECHOS Y HUMANOS"

"Nuestra obligación es garantizar la paz"

En la reunión de todos los lunes participó el presidente Porfirio Lobo del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández del Congreso Nacional, Jorge Rivera Avilez de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, Luis Rubí.

San Pedro Sula,

Honduras

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, dijo que las autoridades estarán en cualquier lugar donde los índices de delincuencia vayan más allá de lo que es "normal".

En el caso de la zona del Valle del Aguán, dijo, han muerto nueve personas por el conflicto de tierras, dos de ellas campesinos y siete guardias de seguridad. "Nuestra obligación es garantizar la paz y la tranquilidad y lo estamos haciendo tanto la Policía Nacional que pidió auxilio a las Fuerzas Armadas".

Lobo afirmó desde la comunidad de Sambo Creek en La Ceiba, que las autoridades conocen el mandato y "tienen la voluntad" de hacerlo en el "estricto respeto a los derechos humanos". "No hay que desconocer que es un clamor de la población hondureña devolverle la paz y la tranquilidad. ¡Y lo vamos a hacer! Hoy estamos en el Aguán, mañana estaremos en otras zonas hasta que garanticemos que no hay posesión de armas ilegales en manos de nadie, solo de la autoridad", finalizó.

Anuncian desarme en Cortés, Atlántida y Colón

Tras concluir la reunión de los tres Poderes del Estado que se desarrolla cada lunes, el Ejecutivo anunció los temas que se trataron y las conclusiones a las que llegaron los titulares.

"El tema principal que se trató es el del desarme en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Queremos señalar que las movilizaciones que se están efectuando en la zona no son para desalojar a los campesinos del Bajo Aguá, es para realizar operativos de desarme", explicó en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.

En la reunión participó el presidente Porfirio Lobo del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández del Congreso Nacional, Jorge Rivera Avilez de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, Luis Rubí.

"La ley prohibe que ciudadanos comunes tengan armas en su posesión, es por eso de los operativos y esperamos que la ciudadanía colabore. Las autoridades están para mantener la paz en la zona", explicó el vice ministro de Seguridad, Roberto Romero Luna. También participó en la conferencia de prensa el ministro de Defensa, Marlon Pascua, quién afirmó que las Fuerzas Armadas de Honduras están apoyando a la Policía Nacional en los operativos de desarme.

Campesinos denunciaron que habría un desalojo violento por parte de los efectivos de seguridad en en Bajo Aguán, donde unas 3 mil familias campesinas y empresarios se mantienen en conflicto por la tenencia de unas 4 mil hectáreas.

El sub director de la Policía Nacional, René Maradiaga Panchamé, dijo que la presencia militar y policial se debe a que “cumplen instrucciones precisas del Presidente, Porfirio Lobo Sosa, el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, y del director general de la Policía, José Luís Muñoz Licona, para mantener el orden y preservar el estado de derecho en el área, brindando seguridad a todas las personas en el sector”.

Esta mañana se inició un fuerte operativo de desarme con la presencia de policías y militares, esto a fin de salvaguardar la seguridad y aliviar las tensiones de las personas en el sector de Tocoa, Colón.

Panchame afirmó que no se han cometido actos represivos durante los operativos de registro y desarme. La Fiscal de los derechos humanos, Sandra Ponce, confirmó que el objetivo de la misión es bajar el armamentismo y el narcotráfico en la zona.

El Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA comenzó en mayo del 2009 una ocupación de tierra que alcanzó meses después las 4,000 hectáreas cultivadas de palma africana del que extraen aceite comestible y son propiedad del empresario Miguel Facussé.

El Frente Nacional de Resistencia convocó a “la Gran Marcha de Los Sombreros Campesinos”, el 15 de abril en Tegucigalpa, en solidaridad “con las compañeras y compañeros del MUCA y con todas las luchas campesinas que se llevan a cabo en el país”.

A esta marcha se unirán los maestros que paralizarán sus labores dejando sin clases a miles de estudiantes.

El ministro de Educación, Alejandro Ventura, condenó la convocatoria a paro laboral del magisterio y no descartó que los días no laborados no sean cancelados.

Ayer el ministro de Seguridad aseguró que los operativos se estarán desarrollando en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Desde diciembre de 2009 en la zona del Bajo Aguan, Colón, grupos campesinos mantienen en zozobra a los pobladores ya que han invadido varias fincas de palma africana propiedad de tres empresarios agroindustriales.

A recuperar la paz en el sector del Bajo Aguán

Con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en el Bajo Aguán, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad con efectivos de la Policía Preventiva, agentes de Investigación Nacional y Escuadrón Cobras, apoyados por el Ejército.

Óscar Álvarez, ministro de Seguridad, indicó que a partir del fin de semana se están movilizando a nivel nacional militares y policías para comenzar a implementar la Ley de Tenencia y Portación de Armas debido a “los niveles de violencia y delincuencia que nos han llamado a poner orden en las zonas denominadas calientes del país”.

“Hemos visto un movimiento del narcotráfico muy grande y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en las diferentes zonas de Colón, Atlántida y Cortés que son las zonas en este momento más calientes”, expresó.

La Secretaría de Seguridad solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para conducir la operación de desarme ante la insuficiencia de elementos policiales en el país.

“Estamos pidiendo el apoyo del Ejército porque son extensiones del territorio tan grandes que no podríamos hacerlo solos, recuerde que la Policía Nacional tiene un número limitado de agentes y no nos damos abasto”, precisó.

La operación de desarme se desarrollará por un espacio de 30 días a fin de incautar el mayor número posible de armas que estén siendo utilizadas por el crimen organizado.

“Lo que buscamos es establecer mecanismos de control en aquellas zonas donde según algunas denuncias hay mayor movilización de armas y movimiento de narcotraficantes”, apuntó Álvarez.

El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, recacló que la situación en el departamento de Colón, específicamente en el Bajo Aguán, se ha vuelto insostenible desde el punto de vista de la seguridad nacional; por ello el Gobierno ha tomado la decisión de enviar a la zona dos mil efectivos.

La decisión se basa en el mandato constitucional de rescatar el orden y en atención a la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía, explicaron Calidonio y el director nacional de la Policía, José Romero Luna.

Calidonio dice que hay órdenes de captura vigentes y se procederá a darles cumplimiento; además, ejecutar los allanamientos previstos por la ley, para recuperar la tranquilidad y la seguridad personal en esta zona.

“Lo que buscamos es que esa zona altamente productiva vuelva a progresar en un ambiente de pleno respeto a las libertades consagradas en la Constitución”. Esta fuerza policial se quedará en la zona todo el tiempo que sea necesario hasta recuperar la paz para todos, reafirmó Romero Luna.

Ambiente

La presencia del contingente no ha dejado de crear algún temor y tensión en la zona que desde hace varios meses pasa por un clima de zozobra por un conflicto agrario. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán mantiene tomadas varias fincas de palma propiedad de empresarios. Las invasiones han generado enfrentamientos entre los grupos y han dejado nueve muertes - la mayoría miembros de la seguridad privada de las compañías -, incendios y grandes pérdidas en salarios y producción.

Para poner fin al problema, el Gobierno inició negociaciones con el grupo campesino, pero no se logró ningún acuerdo.

En reiteradas ocasiones, los empresarios denunciaron que las tomas no son de campesinos sino de grupos ajenos a la lucha y que hay extranjeros en medio del litigio. La situación se complica porque mientras el Gobierno buscaba negociar, los grupos campesinos seguían invadiendo más fincas.

En el traslado de soldados se movilizaron elementos del Cuarto Batallón de La Ceiba y de grupos especiales de Tegucigalpa.

La dirigencia campesina ha estado negociando con una delegación del Gobierno la compra de la tierra y el martes próximo está prevista una reunión en la Casa Presidencial para discutir una contraoferta.

El asesor del Instituto Nacional Agrario, INA, Roy Murillo, dijo que el Gobierno ofreció una hectárea por familia, pero el MUCA presentó una contrapropuesta de cuatro por cada familia.

“Entonces sumarían 14 mil hectáreas, por lo que habría que comprar a los empresarios”, añadió el funcionario.
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/04/12/Noticias/Nuestra-obligacion-es-garantizar-la-paz

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!