sábado, 18 de julio de 2009

Honduras: El Gobierno 'de facto' rechaza la propuesta de Arias para el retorno de Zelaya y un Gobierno de unidad

52 minutos

El portavoz de la comisión negociadora que representa al Gobierno 'de facto' de Honduras, Mario Saldana, manifestó hoy su rechazo a la propuesta planteada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para superar la crisis política desatada tras el golpe de Estado que prevé la restitución de Zelaya en la Presidencia hasta que finalice su mandato constitucional, en enero de 2010, y la formación de un Gobierno de concentración nacional.

"Quieren restituir al presidente Zelaya sin ningún tipo de negociación", afirmó Saldana en declaraciones a Reuters. Al ser preguntado si el Gobierno 'de facto' acepta la propuesta de Arias, Saldana dijo que "no".

Además del retorno de Zelaya y la formación de un Gobierno de concentración nacional, la propuesta de siete puntos de Arias, titulada "Es posible alcanzar la reconciliación", incluye una amnistía general para todos los delitos políticos cometidos "en ocasión de este conflicto, antes y después de los hechos del 28 de junio", en referencia al día en el que se perpetró el golpe de Estado contra Zelaya.

El cuarto punto establece que Zelaya tiene que "olvidarse del proyecto de la cuarta urna en las próximas elecciones, o realizar cualquier consulta popular no autorizada expresamente en la Constitución de la República de Honduras", motivo desencadenante del golpe de Estado.

La siguiente condición planteada, la quinta, es que es el adelanto de las elecciones del 29 de noviembre al ultimo domingo de octubre y el consiguiente adelanto de la campaña electoral.

Además, las Fuerzas Armadas deben ser trasladas al Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia de las elecciones nacionales.

El cumplimientos de estos acuerdos estaría garantizado por representantes de la comunidad internacional y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Estos son los siete acuerdos que piden más de 7 millones de hondureños. Si se llegan a alcanzar, mi Gobierno se compromete a emplear todas las vías diplomáticas para gestionar el retorno inmediato de Honduras a la OEA y el levantamiento de las sanciones impuestas por gobiernos y organismos internacionales", explica Arias en un comunicado recogido por el diario hondureño 'El Heraldo'.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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