TEGUCIGALPA.- “Venimos a reclamar el resultado de los estudios de los análisis toxicológicos aplicados a más de 60 pobladores enfermos a consecuencia de los desechos minerales de la empresa EntreMares y que hace años el caso está engavetado en la Secretaría de Salud y la Fiscalía del Ambiente”, denunció el representante del Comité Ambientalista del Valle de Siria, Roger Omar Escober.
Los pobladores del Valle de Siria amenazaron con movilizaciones y demandas internacionales en su reclamo contra las operaciones mineras.
El denunciante se presentó con un grupo de habitantes y familiares de los afectados ante la Fiscalía General de la República con el fin de que el Ministerio Público (MP), realice las acciones legales en el caso investigado, ya que la denuncia fue conocida por la Fiscalía Especial del Ambiente hace casi tres años.
“Desde hace tres años hemos venido reclamando y no hemos tenido respuestas concretas, los enfermos siguen, los problemas siguen, pese a que hemos presentado pruebas de lo que ha sido la contaminación de nuestras aguas con drenajes ácidos que salen de la compañía minera”, señaló Escober.
Aunque la Fiscalía realizó las investigaciones, el caso fue sobreseído por el Juzgado de Talanga y en la actualidad se encuentra en apelación por parte de los defensores públicos, cuyas pruebas ahondaron en la demostración del supuesto mal manejo de los residuos minerales de la empresa, así como efectos ambientales negativos y daños a la salud de los residentes en las zonas aledañas, además de las prácticas y compromisos incumplidos.
ENFERMEDADES
Según el expediente del MP, habitantes del área sufren enfermedades debido a las concentraciones de arsénico, plomo y cianuro en la sangre en cantidades superiores a las consideradas normales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero no existe un dictamen oficial sobre la situación real de los afectados, pese a que se practicaron las pruebas sanguíneas enviadas a laboratorios en Colombia para su verificación.
“Nosotros también hemos hecho estudios independientes y los resultados revelados coinciden, están sobre la norma y los enfermos siguen en las comunidades de Pedernales, El Terrero, Pueblo Nuevo, Palo Ralo, San Miguel de Barrosas y San Ignacio que hasta este momento no tenemos resultados de su situación de salud, pese a que es una obligación del Estado”, lamentó Escober.
En consecuencia, los pobladores del Valle de Siria reclaman que antes de que se retire de Honduras la empresa o que se le renueve la licencia ambiental, deben publicar los resultados técnicos y científicos de los daños desde que inició operaciones en 1991, en 23,000 hectáreas de tierra.
En consecuencia, los pobladores del Valle de Siria reclaman que antes de que se retire de Honduras la empresa o que se le renueve la licencia ambiental, deben publicar los resultados técnicos y científicos de los daños desde que inició operaciones en 1991, en 23,000 hectáreas de tierra.
“No hay ninguna asistencia a la salud de los pobladores hondureños, a los enfermos que prometió darles tratamiento y seguimiento. Los pobladores siguen tomando agua contaminada con presencia de metales pesados y el drenaje que sale de la compañía minera que debe dar cuenta por la contaminación en perjuicio de la salud humana y de los compromisos legales para enfrentar los efectos lesivos”, señaló.
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