jueves, 10 de noviembre de 2011

Estado continúa violando derechos de niños y jóvenes, no respetando convenios internacionales

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
En informe mensual, el Observatorio de los Derechos de niños, niñas y jóvenes, desarrollado por Casa Alianza Honduras, revela la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia existente en el país. Se observan puntos como educación, salud, violencia y derecho a la protección, referente al mes de octubre.



De acuerdo con el documento, el Estado hondureño no ha garantizado los derechos de niños y jóvenes, no respetando convenios internacionales ni la propia Constitución. "Casa Alianza Honduras comparte el día a día de miles de niños, niñas y jóvenes cuyos derechos más elementales se ven vulnerados a diario sin que esta realidad trascienda; se violenta su derecho a la integridad personal, a la protección, a la no explotación sexual-comercial, a la salud, a la educación y en definitiva, a la propia vida”, se afirma.

Entre las situaciones que merecen críticas está la salud. De acuerdo con el informe, el embarazo de adolescentes creció un 38%. Ante esto, Casa Alianza recuerda que la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derecho a la Salud afirmó que Honduras enfrenta barreras penales y legales que afectan a la salud reproductiva, como las restricciones al aborto, la conducta durante el embarazo, los métodos anticonceptivos y el planeamiento familiar, y el acceso a la educación sexual.

"Algunas de las restricciones jurídicas penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran el derecho a la salud”, citan.

Por su parte, las fuertes lluvias e inundaciones vividas en el país trajeron un aumento de casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en niños de cinco años, cuyas familias tuvieron que ser reubicadas y que ahora están instaladas precariamente en lugares insalubres, sin condiciones mínimas de higiene.

En la capital, Tegucigalpa, las enfermedades respiratorias, mayoritariamente neumonía y bronquitis, constituyen el 40% de las internaciones de niños menores de 5 años, al paso que causan la muerte de 4 millones de niños por año.



Hubo 95 homicidios de jóvenes en octubre, cometidos por actores diversos, inclusive agentes estatales. Los niños son las principales víctimas (79). La mayoría de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán (42) y Cortés (37). En el informe se alerta sobre el hecho de que en el 99% de los casos se desconoce a los culpables.

El documento señala que hay por lo menos mil niños y niñas viviendo en las calles, desprotegidos y expuestos a vicios como el alcohol y otras drogas, y a su ingreso en pandillas.



Por su situación de explotación del trabajo, la organización afirma que hay entre 400 mil y 500 mil niños, principalmente en el norte del país, donde su mano de obra es utilizada en la minería y la agroindustria. También hay niños trabajando en la recolección de basura para reciclaje, según se expresa en el informe.



Otra violación ocurre contra el derecho a la protección, constatada por un técnico de Casa Alianza enviado a la frontera de Honduras con Guatemala. En un mes, él registró 46 casos de niños y adolescentes inmigrantes retornados. Según la prensa, cerca de 15 millones de niños y jóvenes de América Central viajaron a otros países en los últimos cuatro años, la mayoría sin compañía de adultos. La situación ha generado un aumento de secuestros.

Por su parte, la educación enfrenta desorganización. El gobierno se moviliza para reformar la ley sobre el sector, y el año escolar terminará el próximo día 30, a pesar de que el país ha sufrido huelgas de profesores. Además, la Secretaría de Educación afirmó que el año lectivo 2012 se iniciará con un déficit presupuestario de 500 millones de lempiras.



La educación de mala calidad que Honduras provee a niños y adolescentes ya había sido denunciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y por la ONG Save the Children.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=62278

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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