viernes, 24 de agosto de 2012
Campesinos/as son detenidos y agredidos durante manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia
La lucha por la posesión de tierras continúa movilizando a campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colon (Honduras), y provocando reacciones violentas por parte de grandes propietarios de tierra y del régimen represor. Ayer (21), cuando estaban reunidos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de 350 niños, mujeres, ancianos y campesinos fueron atacados por fuerzas militares.
El desalojo violento ocurrió a base de tiros y bombas de gases lacrimógenos. El resultado fue 28 campesinos detenidos, entre los cuales hay dos mujeres, un menor de edad y tres personas que tuvieron que ser llevadas con urgencia al hospital.
La intención del campamento frente a la CSJ era pedir juicios imparciales en los casos que involucran a los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Muca), además de la liberación de campesinos/as que fueron detenidos a causa de su lucha por la tierra. Otra demanda es la suspensión inmediata de los procesos iniciados en los Tribunales de Justicia contra campesinos hondureños.
El lunes, campesinos que esperaban en la puerta de la CSJ ya habían sufrido agresiones cuando aguardaban el momento en que una comisión de organizaciones campesinas se reuniría con jueces de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Además de los golpes físicos, los manifestantes fueron sorprendidos con la información de que no serían más recibidos por el presidente de la CSJ. Según informaciones del Muca, la reunión fue cancelada porque asesores del empresario Miguel Facusse y de René Morales ya habían acordado con el presidente un posicionamiento a favor de los propietarios de tierra.
El Muca responsabiliza al gobierno de Porfirio ‘Pepe’ Lobo, al poder judicial y al poder legislativo por los últimos acontecimientos y denuncia a los organismos nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos ue los/las campesinos/as hondureños sufren día tras día.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh) también se solidariza con los/las campesinos/as y repudia los actos violentos de las fuerzas militares, policiales y paramilitares. El Consejo también critica el fortalecimiento de la política de criminalización del movimiento campesino del Aguán.
Además de los ataques a los que reivindican la posesión de tierras para vivir y trabajar, el Copinh también denuncia y muestra su preocupación por las amenazas y atentados dirigidos a Donny Reyes, dirigente LGTBI, coordinador de la Asociación Arcoiris.
Los integrantes del Movimiento Amplio por Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y en defensa de los bienes naturales comunes, también están siendo blancos de amenazas constantes, comprobando que los/las activistas/as y defensores de derechos humanos en Honduras continúan siendo perseguidos y teniendo su trabajo social obstruido.
Desde 2010, cuando Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, cerca de 70 campesinos de organizaciones del Bajo Aguán y personas vinculadas con la lucha por la tierra perdieron la vida. Otros aún hoy sufren persecuciones, amenazas, intimidaciones y acciones violentas orquestadas por las fuerzas de seguridad y por funcionarios de grandes propietarios de tierra.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=69871
domingo, 19 de agosto de 2012
Asesinan a un periodista web: “cuidado con las medidas anunciadas contra la impunidad”
José Noel Canales Lagos, periodista de 34 años de edad que trabajaba desde hacía doce años para el sitio web Hondudiario (http://www.hondudiario.com/), fue asesinado a balazos el 10 de agosto de 2012 en Comayagüela. Con este crimen asciende a 30 el número de periodistas hondureños asesinados en una década; 25 de ellos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 (http://es.rsf.org/honduras-la-fidh-la-ldh-y-reporteros-sin-25-06-2012,42870.html).
Esta nueva tragedia coincidió cruelmente con la reciente visita al país –del 7 al 14 de agosto– del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue. A raíz de esta visita el gobierno anunció el 9 de agosto que próximamente crearía un mecanismo dedicado a la protección de periodistas y a la resolución de los numerosos casos de asesinato que han enlutado al gremio estos últimos años.
“Suponiendo que este anuncio exprese una verdadera voluntad política, éste se efectúa tras años de impunidad y de inacción, que explican en gran parte la magnitud de un balance tan macabro. El proyecto gubernamental hace referencia a un mecanismo de protección como el que posee Colombia. Sin embargo, el organismo que el gobierno planea crear hace pensar inevitablemente en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) creada en México en 2006, que está lejos, muy lejos de haber dado los resultados esperados. Este precedente mexicano recuerda que un organismo cuenta menos en sí que los objetivos concretos y los medios adecuados requeridos para la lucha contra la impunidad”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“Como sus colegas de México, los periodistas de Honduras –así como los defensores de los derechos humanos, representantes de movimientos sociales, abogados y universitarios comprometidos al servicio de la información– no escaparán de la espiral del crimen, de la amenaza y de la censura (http://es.rsf.org/honduras-el-hijo-de-un-periodista-herido-en-06-08-2012,43169.html) a menos que se lleve a cabo una profunda reforma del funcionamiento de los aparatos judicial y policíaco. Una nueva estructura, ¿será capaz de hacer que en fin se apliquen las medidas cautelares de las que en teoría goza un cierto número de periodistas a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Podrá retomar de forma integral y sin obstáculos investigaciones estancadas u olvidadas? ¿Tomará en cuenta, en materia de derechos humanos, la violencia generada por el golpe de Estado de 2009 y su incidencia directa en la libertad de información? Cuidado con las medidas anunciadas cuando la ley puede y debe aplicarse en el caso de José Noel Canales, así como en los precedentes”, agregó la organización.
José Noel Canales se dirigía en automóvil a su trabajo cuando individuos que circulaban a bordo de un taxi abrieron fuego en su dirección, hiriéndole en la cabeza. Aún no se esclarece el móvil del crimen. Sin evocar, por el momento, la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con su profesión, la redacción de Hondudiario señala en una nota de homenaje a su reportero asesinado (http://www.hondudiario.com/content/nos-asesinaron-un-empleado-ejemplar-digno-y-honesto) que había sido objeto de amenazas regulares desde el año 2009.__________
Honduras
Another journalist slain, special mechanism forprotecting journalists announced
José Noel Canales Lagos, a 34-year-old journalist who had worked for the Hondudiario(http://www.hondudiario.com/) news website for the past 12 years, was gunned down in the capital on 10 August, bringing the number of journalists killed in the past decade to 30 (25 of them since the June 2009 coup) (http://en.rsf.org/honduras-demonstration-in-paris-on-third-25-06-2012,42871.html).
This latest tragedy took place during a visit to Honduras by the UN special rapporteur for freedom of expression, Frank La Rue, from 7 to 14 August, as a result of which the government announced on 9 August that it would create a special entity for protecting journalists and solving the many murders of journalists in recent years.
"Even if this announcement expresses a real political determination, it nonetheless follows years of impunity and lack of action that have been largely responsible for the scale of the death toll,” Reporters Without Borders said.
"The government's plan refers to the mechanisms for protecting journalists in Colombia but we are inevitably reminded of the Special Prosecutor’s Office for Crimes against Freedom of Expression created in Mexico in 2006, which fell very far short of producing the desired results. The Mexican precedent showed that creating a special entity is less important that setting it concrete objectives and giving it the resources required to combat impunity.
"Like their Mexican colleagues, Honduran journalists – along with human rights workers, civil society representatives, lawyers and academics who provide information – will not break free of the spiral of violent crime and censorship (http://en.rsf.org/honduras-son-wounded-in-shooting-attack-on-06-08-2012,43170.html) until the way the police and judicial apparatus functions is completely overhauled.
"Will this new entity be finally capable of implementing the protective measures that the Inter-American Commission on Human Rights requested for several journalists? Will it be free to resume all the investigations that were botched or shelved? Will it be able to take account of all the violence generated by the 2009 coup and its impact on human rights and freedom of information?"
Reporters Without Borders added: "We should be wary of measures that are announced for effect when what the authorities could and should be doing is apply the law in the Canales case as it should have done in all the preceding cases."
Canales was driving to work when armed individuals aboard a taxi opened fire, hitting him in the head. The motive is not yet known. While stopping short of suggesting that the motive was linked to his work, Hondudiario noted in a tribute to Canales (http://www.hondudiario.com/content/nos-asesinaron-un-empleado-ejemplar-digno-y-honesto) that he had often been threatened since 2009.
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras
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Esta nueva tragedia coincidió cruelmente con la reciente visita al país –del 7 al 14 de agosto– del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue. A raíz de esta visita el gobierno anunció el 9 de agosto que próximamente crearía un mecanismo dedicado a la protección de periodistas y a la resolución de los numerosos casos de asesinato que han enlutado al gremio estos últimos años.
“Suponiendo que este anuncio exprese una verdadera voluntad política, éste se efectúa tras años de impunidad y de inacción, que explican en gran parte la magnitud de un balance tan macabro. El proyecto gubernamental hace referencia a un mecanismo de protección como el que posee Colombia. Sin embargo, el organismo que el gobierno planea crear hace pensar inevitablemente en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) creada en México en 2006, que está lejos, muy lejos de haber dado los resultados esperados. Este precedente mexicano recuerda que un organismo cuenta menos en sí que los objetivos concretos y los medios adecuados requeridos para la lucha contra la impunidad”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“Como sus colegas de México, los periodistas de Honduras –así como los defensores de los derechos humanos, representantes de movimientos sociales, abogados y universitarios comprometidos al servicio de la información– no escaparán de la espiral del crimen, de la amenaza y de la censura (http://es.rsf.org/honduras-el-hijo-de-un-periodista-herido-en-06-08-2012,43169.html) a menos que se lleve a cabo una profunda reforma del funcionamiento de los aparatos judicial y policíaco. Una nueva estructura, ¿será capaz de hacer que en fin se apliquen las medidas cautelares de las que en teoría goza un cierto número de periodistas a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Podrá retomar de forma integral y sin obstáculos investigaciones estancadas u olvidadas? ¿Tomará en cuenta, en materia de derechos humanos, la violencia generada por el golpe de Estado de 2009 y su incidencia directa en la libertad de información? Cuidado con las medidas anunciadas cuando la ley puede y debe aplicarse en el caso de José Noel Canales, así como en los precedentes”, agregó la organización.
José Noel Canales se dirigía en automóvil a su trabajo cuando individuos que circulaban a bordo de un taxi abrieron fuego en su dirección, hiriéndole en la cabeza. Aún no se esclarece el móvil del crimen. Sin evocar, por el momento, la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con su profesión, la redacción de Hondudiario señala en una nota de homenaje a su reportero asesinado (http://www.hondudiario.com/content/nos-asesinaron-un-empleado-ejemplar-digno-y-honesto) que había sido objeto de amenazas regulares desde el año 2009.__________
Honduras
Another journalist slain, special mechanism forprotecting journalists announced
José Noel Canales Lagos, a 34-year-old journalist who had worked for the Hondudiario(http://www.hondudiario.com/) news website for the past 12 years, was gunned down in the capital on 10 August, bringing the number of journalists killed in the past decade to 30 (25 of them since the June 2009 coup) (http://en.rsf.org/honduras-demonstration-in-paris-on-third-25-06-2012,42871.html).
This latest tragedy took place during a visit to Honduras by the UN special rapporteur for freedom of expression, Frank La Rue, from 7 to 14 August, as a result of which the government announced on 9 August that it would create a special entity for protecting journalists and solving the many murders of journalists in recent years.
"Even if this announcement expresses a real political determination, it nonetheless follows years of impunity and lack of action that have been largely responsible for the scale of the death toll,” Reporters Without Borders said.
"The government's plan refers to the mechanisms for protecting journalists in Colombia but we are inevitably reminded of the Special Prosecutor’s Office for Crimes against Freedom of Expression created in Mexico in 2006, which fell very far short of producing the desired results. The Mexican precedent showed that creating a special entity is less important that setting it concrete objectives and giving it the resources required to combat impunity.
"Like their Mexican colleagues, Honduran journalists – along with human rights workers, civil society representatives, lawyers and academics who provide information – will not break free of the spiral of violent crime and censorship (http://en.rsf.org/honduras-son-wounded-in-shooting-attack-on-06-08-2012,43170.html) until the way the police and judicial apparatus functions is completely overhauled.
"Will this new entity be finally capable of implementing the protective measures that the Inter-American Commission on Human Rights requested for several journalists? Will it be free to resume all the investigations that were botched or shelved? Will it be able to take account of all the violence generated by the 2009 coup and its impact on human rights and freedom of information?"
Reporters Without Borders added: "We should be wary of measures that are announced for effect when what the authorities could and should be doing is apply the law in the Canales case as it should have done in all the preceding cases."
Canales was driving to work when armed individuals aboard a taxi opened fire, hitting him in the head. The motive is not yet known. While stopping short of suggesting that the motive was linked to his work, Hondudiario noted in a tribute to Canales (http://www.hondudiario.com/content/nos-asesinaron-un-empleado-ejemplar-digno-y-honesto) that he had often been threatened since 2009.
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sábado, 11 de agosto de 2012
EEUU instalará en Honduras su base más grande en Latinoamérica

CHEVIGE GONZÁLEZ MARCÓ / La Radio del Sur – Bertha Cáceres, dirigenta del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), denunció que tropas militares estadounidenses se desplazan libremente por los ríos ubicados en la región de la mosquitia, en el norte del país.
En entrevista para La Radio del Sur, Cáceres indicó que la injerencia de Estados Unidos en Honduras es descarada y señaló que en la “Mosquitia” Washington pretende instalar lo que sería su base militar más grande en Latinoamérica. Agregó que en dicha región podrían encontrarse grandes yacimientos petroleros.
La dirigenta social indicó que el gobierno estadounidense pretende invertir mil trescientos millones de dólares para ubicar a sus tropas y utilizar a territorio hondureño como plataforma para agredir a otros países.
La región de la “Mosquitia” está ubicada en el norte del país, entre el Caribe y la frontera con Nicaragua. Tiene límites marítimos con Jamaica, Cuba, Belice y la propia Nicaragua. Allí se ubican cuatro etnias indígenas, que se encuentran amenazadas por la presencia militar norteamericana.
Contradicción
La presencia militar estadounidense en Honduras ha sido justificada como parte de los mecanismos conjuntos de la lucha contra el narcotráfico, pero advierte Cáceres, que ha ocurrido lo contrario y a medida que se incrementa la cifra de efectivos norteamericanos, aumenta también el narcotráfico.
Escuche el audio de la entrevista a la dirigenta social hondureña Bertha Cáceres, realizada en el programa Rebelados de La Radio del Sur.
http://www.contrainjerencia.com/?p=50620
domingo, 5 de agosto de 2012
Denuncian contaminación por minería

SALUD. El agua ha sido consumida por la población que evidencia afecciones.
La contaminación “irreversible” de las fuentes de agua
debido a la minería afecta la salud de la mayoría de los pobladores de una localidad del centro de Honduras, donde son frecuentes los problemas en la piel y ojos y hasta la muerte de recién nacidos, denunció el Movimiento Madre Tierra Honduras. “80 de cada100 habitantes padecen de problemas en la piel y los ojos por la contaminación de las fuentes de agua” en la localidad de Valle de Siria, afirmó Juan Almendáres, coordinador de la organización.
Además de esas afecciones, los habitantes de ese sector “padecen problemas en el sistema nervioso, caída del cabello, abortos, infertilidad, partos prematuros, muerte de recién nacidos e intoxicaciones”, añadió Almendáres, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
‘Irreversible’
En el Valle de Siria operó entre el 2000 y el 2008 la minera canadiense Goldcorp, que “contaminó las fuentes de agua” de forma “irreversible”, explicó Roger Escobar, vicepresidente del Comité ambientalista de la zona, ubicada en el departamento central de Francisco Morazán.
Los cerca de 40.000 habitantes de la localidad “han tenido que recurrir a cualquier tipo de agua y eso ha afectado su salud”, aseguró el activista, quien acusó al Gobierno de ser “el principal responsable” de la situación por haber permitido la explotación minera. EFE
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101372571/-1/Denuncian_contaminaci%C3%B3n_por_miner%C3%ADa.html#.UB7dBfawwf4
debido a la minería afecta la salud de la mayoría de los pobladores de una localidad del centro de Honduras, donde son frecuentes los problemas en la piel y ojos y hasta la muerte de recién nacidos, denunció el Movimiento Madre Tierra Honduras. “80 de cada100 habitantes padecen de problemas en la piel y los ojos por la contaminación de las fuentes de agua” en la localidad de Valle de Siria, afirmó Juan Almendáres, coordinador de la organización.
Además de esas afecciones, los habitantes de ese sector “padecen problemas en el sistema nervioso, caída del cabello, abortos, infertilidad, partos prematuros, muerte de recién nacidos e intoxicaciones”, añadió Almendáres, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
‘Irreversible’
En el Valle de Siria operó entre el 2000 y el 2008 la minera canadiense Goldcorp, que “contaminó las fuentes de agua” de forma “irreversible”, explicó Roger Escobar, vicepresidente del Comité ambientalista de la zona, ubicada en el departamento central de Francisco Morazán.
Los cerca de 40.000 habitantes de la localidad “han tenido que recurrir a cualquier tipo de agua y eso ha afectado su salud”, aseguró el activista, quien acusó al Gobierno de ser “el principal responsable” de la situación por haber permitido la explotación minera. EFE
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101372571/-1/Denuncian_contaminaci%C3%B3n_por_miner%C3%ADa.html#.UB7dBfawwf4
jueves, 2 de agosto de 2012
Agua contaminada por minera afecta a pobladores de una localidad hondureña
TEGUCIGALPA.- La contaminación “irreversible” de las fuentes de agua debido a la minería afecta la salud de la mayoría de los pobladores de una localidad del centro de Honduras, donde son frecuentes los problemas en la piel y ojos y hasta la muerte de recién nacidos, denunció este miércoles un organismo ambientalista.

La contaminación de las fuentes de agua debido a la minería afecta la salud de la mayoría de los pobladores.
“Ochenta de cada cien habitantes padecen de problemas en la piel y los ojos por la contaminación de las fuentes de agua” en la localidad de Valle de Siria, afirmó en rueda de prensa Juan Almendares, coordinador del Movimiento Madre Tierra Honduras, que atribuyó la situación a la actividad minera que se desarrolló en el lugar hasta 2008.
Además de esas afecciones, los habitantes de ese sector “padecen problemas en el sistema nervioso, caída del cabello, abortos, infertilidad, partos prematuros, muerte de recién nacidos e intoxicaciones”, añadió Almendáres, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En el Valle de Siria operó entre el 2000 y el 2008 la minera canadiense Goldcorp, que “contaminó las fuentes de agua” de forma “irreversible”, explicó a Efe Roger Escobar, vicepresidente del Comité ambientalista de la zona, ubicada en el departamento central de Francisco Morazán.
Los cerca de 40.000 habitantes de la localidad “han tenido que recurrir a cualquier tipo de agua y eso ha afectado su salud”, aseguró el activista, quien acusó al Gobierno de ser “el principal responsable” de la situación por haber permitido la explotación minera.
Según Almendáres, las mujeres han sido “las más afectadas” por la situación ambiental en el Valle de Siria porque son las que “tienen mayor contacto con el agua contaminada”.
Actualmente el Parlamento hondureño estudia un anteproyecto de ley que garantice la explotación de minerales y la protección del ambiente, lo que reclaman algunos pobladores, mientras que otros se oponen a cualquier actividad de ese tipo.
Almendáres pidió a los diputados que “no apoyen” el anteproyecto de ley de minería porque, según él, favorecerá “solo a las empresas mineras, la explotación a cielo abierto” y permitiría otorgar concesiones de explotación “en áreas protegidas” de Honduras.
“Lo que nosotros queremos es que las empresas mineras se vayan del país”, subrayó Almendáres, quien indicó que la industria de la minería aporta menos del 2 % del producto interno bruto (PIB) nacional. EFE.
domingo, 24 de junio de 2012
28 de junio: a tres años del golpe de estado en Honduras
AUTOCONVOCATORIA
ESCRACHE A LOS GOBIERNOS GOLPISTAS DE NUESTRA AMÉRICA
12 HS. FRENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS. Av. Callao 1564
14 HS. FRENTE A LA EMBAJADA DE PARAGUAY. Av. General Las Heras 2545
A l@s compas de la solidaridad…
Frente a la ofensiva golpista de las derechas civiles y políticas en NUESTRA AMÉRICA, militantes de movimientos sociales, feministas, colectivos de derechos humanos, artistas, nos autoconvocamos frente a la Embajada de Honduras, donde dará una clase pública el compañero de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) Salvador Zúniga, leeremos el Llamamiento Feminista por Honduras, y los distintos pronunciamientos solidarios, habrá cantos y poemas de trovadores y trovadoras solidarias… y de ahí marcharemos a la Embajada de Paraguay, a pronunciarnos en la Radio Abierta contra los golpes de estado promovidos por los EE.UU., las corporaciones transnacionales, y las oligarquías locales.
¡¡NO MÁS GOLPES DE ESTADO!!!
¡¡ Unidad de l@s de abajo!!
Convocan hasta ahora
FEMINISTAS NUESTROAMERICANAS
ESPACIO NUESTRA AMERICA ITINERANTE
RESUMEN LATINOAMERICANO
REDHER (Argentina-Colombia)
Minga de Resistencia Social y Comunitaria y Congreso de los Pueblos de Colombia
COMITÉ INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO CUBANOS,
Encuentro por la Unidad Latinoamericana
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Movimientos Sociales en el ALBA – Capítulo Argentina
Para adherir o proponer nuevas iniciativas, escribir a panuelosenrebeldia@gmal.com
www.panuelosenrebeldia.org
miércoles, 13 de junio de 2012
Capturan al menos 21 campesinos y campesinas en nuevo desalojo al Movimiento Campesino de San Manuel Cortes MOCSAM
Este 12 de junio del 2012 a las 6:30 de la mañana un fuerte contingente de policías y militares desalojaron brutalmente al Movimiento Campesino de San Manuel Cortes (MOCSAM), ubicado a unos 250 kilómetros de la capital al norte de Honduras, el grupo campesino entró al proceso de recuperación de tierras el pasado 17 de abril y hasta la fecha a sido desalojado en tres ocasiones.
Producto del brutal desalojo realizado este 12 de Junio se reporta la detención de al menos 21 personas de estas 18 son mujeres, todos y todas de inmediato han sido trasladados a la jefatura policial denominada Ballena ubicada en San Pedro Sula al norte del país.
Pese a toda la represión y permanentes amenazas a su dirigencia por parte de los terratenientes, el grupo campesino hace algunas semanas tomó la decisión de entrar a ocupar nuevamente unas 4252 manzanas de tierras amparados en una resolución emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), donde quedaba claramente establecido que esas tierras en disputa son propiedad del Estado de Honduras y las empresas ahí instaladas estaban ocupándolas de manera ilegal.
Desde el pasado 17 de Abril el grupo campesino conformado por unas 1500 familias campesinas ha permanecido en la lucha por las tierras agrupado en un campamento ubicado dentro de las mismas el cual fue destruido hoy en el brutal desalojo también les destruyeron unas 100 manzanas cultivas de maíz.
Cabe mencionar que el juez José Antonio Barahona días atrás había girado orden de captura para 7 dirigentes campesinos del grupo y ayer en un termino de dos horas dicto una resolución para que el grupo fuera desalojado hoy a tempranas horas de la mañana, sin darle chanse a la defensa de las y los campesinos de interponer los respectivos recursos y evitar esta barbarie.
A continuación algunos de los nombres de las mujeres y hombres detenidos hoy por la policía y militares en el desalojo realizado al grupo campesino MOCSAM
Cintia medina Palma, Besly Jazmín Munguía Amaya, Brígida Cruz, Gisela Perdomo Pineda, Elena Borjas, Marisela Espinoza Matute, Marcos Oralia Díaz, Eda Fermili pacheco, Ángela Orellana, maría Reyes Vargas, Arely Romero, Macaria Vásquez García, Alma Nelly Pineda, Maria Gómez Sandoval, Victoria Alejandra Sagastume (de 15 años) y Gonzalo Leiva, José Luis Déras, Pablo Leiva.
Comunicaciones La Vía Campesina Honduras
--
Wendy J. Cruz
Apoyo Técnico
Via Campesina C.A.
Tel. ++504 2239-4679 / 2235-9915
Cel. ++504 9983-8506
Skype: wendy.vc-ca
miércoles, 30 de mayo de 2012
Conferencia de prensa en Honduras
Compas, mañana a las 10.00 Am hora de aca se va a realizar unaconferencia de prensa por los asesinatos que estan ocurriendo en el pais. Mas precisamente lo que ocurrio la semana pasada en la zona de Mosquitia. Los familiares parece que van a denunciar explicitamente a la DEA y EEUU por los asesinatos.Tambien estos dias hubo un encuentro internacional de derechos humanos en el bajo Aguan por los asesinatos de campesinos que luchan por sus tierras. La ola de asesinatos a luchadores populares vienen en aumento. Seria importante que mañana podamos estar llamando desde diferentes medios de otros paises de america para cubrir la conferencia.
El contacto es Berta Oliva: 89910259, hay que poner el prefijo del Honduras.
Abrazo
Manuel
El contacto es Berta Oliva: 89910259, hay que poner el prefijo del Honduras.
Abrazo
Manuel
domingo, 20 de mayo de 2012
Otro Campesino ASESINADO en el Aguán.
El Observatorio Permanente Internacional de DERECHOS HUMANOS en el Aguán, ante la Comunidad Nacional e internacional DENUNCIA, la campaña de exterminio implementada por el sicariato en contra de los campesinos y campesinas del Aguán y por mandato de los terratenientes de la región, mismo que se concreta paulatinamente mientras el conflicto no se solucione definitivamente.
Hoy viernes 18 de mayo del año en curso fue asesinado el campesino Jose Efraín Del Cid de 41 años de edad a las 7.30 p.m. mientras circulaba en el Municipio de Sonaguera en este Departamento de Colón junto al tambien campesino Marcos Días Licona quien al momento del asesinato de su compañero se había salido del vehículo, salvando su vida, José Efraín, murió instantaneamente producto de varios balazos que le infirieron sobre su rostro por personas hasta el momento desconocidas,ambos campesinos pertenecen a la Empresa Campesina Nueva Panamá perteneciente al asentamiento Campesino La Marañones del MUCA, de la Márgen Izquierda del Río Aguán, este asesinato se ejecuta cuando hace 72 horas tambien asesinaron a Juán José Peralta Escoto y se está persiguiendo a su hijo que lleva su mismo nombre quien tambien resultara herido en el atentado.
Son mas de 30 los dirigentes campesinos amenazados a muerte y perseguidos por los sicarios y operadores de justicia en la Región del Aguán y estan activas cerca de 200 órdenes de captura a quienes en los operativos militares se les busca con listado en mano.
Alertamos a la Comunidad Internacional y Nacional PARA QUE REINICIEMOS una estrategia que nos permita terminar con el estado de terror que se implementa en el Aguán, pues se esperan mayores eventos represivos contra las organizaciones campesinas y sus asentamientos como consecuencia que no hay voluntad política del estado de Honduras representado en el actual Régimen para resolver el con flicto agrario en esta zona.
Dado en Tocoa Colón, a los 18 días del mes de mayo 2012.
¡ Alto al asesinato de Campesinos en el Aguán ¡
¡ Ní mas secuestros, ní más toruras ní mas asesinatos en la lucha por la tierra ¡
¡Por el respeto permanente a la vida ¡
Vocero del Observatoeio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán.
viernes, 18 de mayo de 2012
Clima de terror prevalece en Honduras
El Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán, ante la Comunidad nacional e Internacional denuncia la continuidad de la campaña de violaciones de Derechos Humanos en esta región del norte de Honduras.
El proceso de recuperaciones de tierra iniciado en el Valle del Aguán y ahora extendido a diversas latitudes del país ha provocado que los terratenientes mlitaricen diversas regiones e implementen un estado de terror que van desde los allanamientos hasta la persecusión de dirigentes y el consecutivo asesinato como en el caso de los grupos indígenas del COPINH, de los TOLUPANES en la Montaña de la Flor y el asesinato de miembros de la Organización Misquita MASTA como en el Movimiento Campesino del Aguán donde hoy 16 de mayo un vehículo doble cabina con hombres armados, color blanco, disparó sobre la humanidad de Juán Juán José Peralta Escoto de 70 años de edad quién falleciera de inmediato, se conducía con su yerno José Antonio Véliz y su hijo Juán José Peralta Barrera en otro vehículo cargado de leña, resultando heridos sus acompañantes, el hecho ocurrió en las cercanía del asentamiento La Confianza a las 9 de la mañana, el muerto y Veliz son miembros del asentamiento del MUCA en la Marañones, mientras que Juán José Peralta es miembro del Movimiento Nacional Recuperación Rigores y que vivían temporalmente en La Confianza.
El Aguán sufre un proceso de remilitarización que contradice la versión del ministro del INA Cesar Ham y del ministro de seguridad de que la zona esta pacificada, militarización que se produce cuando se ha anunciado el pago de las tierras a los terratenientes con tierras en conflictos con los Movimientos Campesinos en esta zona lo cual indica una probable intervención militar, cuando hoy mismo Roger Pineda, en representación de la Corporación Dinant, en una carta respuesta enviada a este observatorio manifiesta que las tierras mientras no sean pagadas le pertenecen a Miguel Facusse.
Los comandos de las fuerzas arnadas dirigidos por oficiales extranjeros se han ubicado en los últimos días en los municipios de Trujillo, Sava, Tocoa y Sonaguera desde donde despliegan actividades hasta altas horas de la madrugada, algunos han sido detectados en las cercanías de algunos asentamientos campesinos. Se ha detectado la presencia de oficiales gringos de inteligencia y la intromisión de la CIA en la región.
Hacemos un llamado DE ALERTA NACIONAL E INTERNACIONAL para detener este clima de terror que impone el actual Régimen ante diversos sectores de la sociedad Hondureña y especialmente contra el Movimiento Campesino y de sectores en permanente resistencia. Los asesinatos en Honduras tienen el objetivo de detener el avance del movimiento social que defiende sus derechos como en el caso de nuestros pueblos ancestrales que luchan por mantener su tierra base fundamental para sostener su cultura.
Dado en Tocoa Colòn a los 16 días del mes de mayo del 2012.
Ni màs asesinatos, ni màs hayanamientos.
Alto a la violaciòn de los Derechos Humanos en el Aguàn y en todo Honduras.
Wilfredo Paz
Vocero del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguàn.
El proceso de recuperaciones de tierra iniciado en el Valle del Aguán y ahora extendido a diversas latitudes del país ha provocado que los terratenientes mlitaricen diversas regiones e implementen un estado de terror que van desde los allanamientos hasta la persecusión de dirigentes y el consecutivo asesinato como en el caso de los grupos indígenas del COPINH, de los TOLUPANES en la Montaña de la Flor y el asesinato de miembros de la Organización Misquita MASTA como en el Movimiento Campesino del Aguán donde hoy 16 de mayo un vehículo doble cabina con hombres armados, color blanco, disparó sobre la humanidad de Juán Juán José Peralta Escoto de 70 años de edad quién falleciera de inmediato, se conducía con su yerno José Antonio Véliz y su hijo Juán José Peralta Barrera en otro vehículo cargado de leña, resultando heridos sus acompañantes, el hecho ocurrió en las cercanía del asentamiento La Confianza a las 9 de la mañana, el muerto y Veliz son miembros del asentamiento del MUCA en la Marañones, mientras que Juán José Peralta es miembro del Movimiento Nacional Recuperación Rigores y que vivían temporalmente en La Confianza.
El Aguán sufre un proceso de remilitarización que contradice la versión del ministro del INA Cesar Ham y del ministro de seguridad de que la zona esta pacificada, militarización que se produce cuando se ha anunciado el pago de las tierras a los terratenientes con tierras en conflictos con los Movimientos Campesinos en esta zona lo cual indica una probable intervención militar, cuando hoy mismo Roger Pineda, en representación de la Corporación Dinant, en una carta respuesta enviada a este observatorio manifiesta que las tierras mientras no sean pagadas le pertenecen a Miguel Facusse.
Los comandos de las fuerzas arnadas dirigidos por oficiales extranjeros se han ubicado en los últimos días en los municipios de Trujillo, Sava, Tocoa y Sonaguera desde donde despliegan actividades hasta altas horas de la madrugada, algunos han sido detectados en las cercanías de algunos asentamientos campesinos. Se ha detectado la presencia de oficiales gringos de inteligencia y la intromisión de la CIA en la región.
Hacemos un llamado DE ALERTA NACIONAL E INTERNACIONAL para detener este clima de terror que impone el actual Régimen ante diversos sectores de la sociedad Hondureña y especialmente contra el Movimiento Campesino y de sectores en permanente resistencia. Los asesinatos en Honduras tienen el objetivo de detener el avance del movimiento social que defiende sus derechos como en el caso de nuestros pueblos ancestrales que luchan por mantener su tierra base fundamental para sostener su cultura.
Dado en Tocoa Colòn a los 16 días del mes de mayo del 2012.
Ni màs asesinatos, ni màs hayanamientos.
Alto a la violaciòn de los Derechos Humanos en el Aguàn y en todo Honduras.
Wilfredo Paz
Vocero del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguàn.
miércoles, 16 de mayo de 2012
NUEVAS DETENCIONES - URGENTE !COPINH denuncia mas represión en este momento contra el COPINH y los Pueblos Indígenas en Honduras!
EL COPINH DENUNCIA LA DETENCION ILEGAL Y AGRESIVA QUE LA POLICIA ESTÁ
DESARROLLANDO CONTRA MIEMBROS DEL COPINH. SE SUMA A ESTAS DETENCIONES
EL COMPAÑERO UBALDO PINEDA QUE ES ACTIVO MILITANTO DEL FNRP.
EXIGIMOSLA LIBERACION DE NUESTROS COMPAÑEROS. COPINH
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
A los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, a la comunidad nacional
e internacional ante el crimen perpetrado contra un grupo de miembros
del Pueblo Miskito por tropas gringas y hondureñas y ante más
represión contra los Pueblos indígenas y contra nuestra misma
organización manifiesta:
1.- La más enérgica condena a este crimen que han protagonizado
miembros del ejército gringo y hondureño que ocupan la Moskitia
hondureña, hecho que produjo el asesinato de varias personas,
incluyendo a mujeres Miskitas en estado de gestación y de niños
Miskitos.
2.- Que esta acción por parte de las fuerzas represivas y de los
gringos se suma a varias que se perpetran directamente contra los
pueblos indígenas y campesinos, como ser el asesinato de nuestro
compañero Santos Alberto Domínguez a manos de la policía, que aun esta
impune, como también la participación de tropas gringas en represión
contra las comunidades campesinas del Bajo Aguan, que han sido
denunciada de manera reiterada por estas comunidades y organizaciones
de esta región.
Se nos informa en este momento elementos policiales están
persiguiendo de manera indiscriminada a miembros del COPINH de la
comunidad Lenca de la Cuchilla, en el Municipio de Ceguaca, Santa
Bárbara y se han llevado a los compañeros del COPINH Presentación
Casteñanos Muñoz, Bonifacio Trochez y Nelson Gómez esta comunidad se
ha mantenido por un mes en la recuperación ancestral de sus tierras y
seguiremos en pie de lucha. La comunidad denuncia que no se les
presento orden judicial.
Que en este momento la policía hondureña y madereros se aprestan a
agredir a hermanos y hermanos indígenas Tolupanes de la comunidad de
Lavanderos en la Montaña de la Flor, que se encuentra apostados
defendiendo su territorio ante los industriales de la madera que
violan el territorio Tolupan.
3.- Por años hemos venido denunciando la estrategia de
intervencionismo total de los Estado Unidos en Honduras, Las bases
militares instaladas luego del golpe de estado, la amenaza de instalar
más en la región Lenca, el asedio del imperialismo, trasnacionales y
oligarcas por adueñarse de los territorios indígenas y negros, de su
biodiversidad, sus conocimientos y culturas como también el propósito
de convertirnos en esclavos y esclavas de los mismos.
4.- Que esta acción asesina que no es la primera de parte del ejército
norteamericano y hondureño en este territorio Miskito y en Honduras,
es parte de la política de imponer miedo, desplazamiento, control y
replicar la política terrorista gringa-colombiana contra los pueblos
como estrategia que fortalezca la dominación hegemónica de los
Estados Unidos en el continente, utilizando proyectos como la
hipócrita política de “lucha contra el narcotráfico” , con el
desplazamiento de la Cuarta Flota, componentes sobre militarización y
seguridad en los Tratados de Libre Comercio, Proyecto de Seguridad
para Centroamérica que incluyen financiamientos de los organismos
financieros internacionales (OFIs) con más deuda externa, como también
el golpe de estado en Honduras y el incremento de tropas, bases y
operaciones militares de guerra que violentan los derechos
individuales y colectivos de los pueblos originarios.
5.- Es más que claro que esta política de terror, de sometimiento y de
saqueo contra los pueblos indígenas y negros y contra del pueblo
hondureño en general se incrementará cada vez más como plan decidido
ya por los gringos y se acelerará a medida que el pueblo resistente de
honduras se encamine arreciando la lucha social y política por la
Refundación de este matria.
6.- Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañero del COPINH y
el respeto a su integridad física y emocional; Nos sumamos a la
exigencia de los Consejos Territoriales, de las organizaciones y
Pueblo Miskito que exige la salida de las tropas gringas de este
territorio sagrado y ancestral que ha sido enlutado y que ha sufrido
bombardeo y ametrallamiento de manera indiscriminada, nos sumamos al
señalamiento como responsables de esta atrocidad al ejército hondureño
y gringo, nos sumamos a la demanda de castigo a los responsables y a
que este caso no se quede impune.
7.- El ejército gringo, el ejército hondureño y demás fuerzas
represivas no son gratas en ningún lugar de nuestros territorios,
exigimos su desaparición, basta del discurso mentiroso de “lucha
antidrogas”, exigimos respeto a la vida, territorios, culturas,
autonomía y al derecho legítimo que tenemos de defendernos ante la
invasión imperialista, oligarca y colonialista.
8.- Animamos a todos los pueblos indígenas y negros a seguir el
ejemplo de los grandes espíritus rebeldes Miskitus, de Lempira, de
Barauda, de Cicumba, Copan Galel, y de todas nuestras ancestras y
ancestros que nos enseñaron el camino de la dignidad, del rechazo
ante la opresión y el levantamiento contra el mismo.
Dado en Intibucá, 15 de mayo del 2012.
DESARROLLANDO CONTRA MIEMBROS DEL COPINH. SE SUMA A ESTAS DETENCIONES
EL COMPAÑERO UBALDO PINEDA QUE ES ACTIVO MILITANTO DEL FNRP.
EXIGIMOSLA LIBERACION DE NUESTROS COMPAÑEROS. COPINH
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
A los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, a la comunidad nacional
e internacional ante el crimen perpetrado contra un grupo de miembros
del Pueblo Miskito por tropas gringas y hondureñas y ante más
represión contra los Pueblos indígenas y contra nuestra misma
organización manifiesta:
1.- La más enérgica condena a este crimen que han protagonizado
miembros del ejército gringo y hondureño que ocupan la Moskitia
hondureña, hecho que produjo el asesinato de varias personas,
incluyendo a mujeres Miskitas en estado de gestación y de niños
Miskitos.
2.- Que esta acción por parte de las fuerzas represivas y de los
gringos se suma a varias que se perpetran directamente contra los
pueblos indígenas y campesinos, como ser el asesinato de nuestro
compañero Santos Alberto Domínguez a manos de la policía, que aun esta
impune, como también la participación de tropas gringas en represión
contra las comunidades campesinas del Bajo Aguan, que han sido
denunciada de manera reiterada por estas comunidades y organizaciones
de esta región.
Se nos informa en este momento elementos policiales están
persiguiendo de manera indiscriminada a miembros del COPINH de la
comunidad Lenca de la Cuchilla, en el Municipio de Ceguaca, Santa
Bárbara y se han llevado a los compañeros del COPINH Presentación
Casteñanos Muñoz, Bonifacio Trochez y Nelson Gómez esta comunidad se
ha mantenido por un mes en la recuperación ancestral de sus tierras y
seguiremos en pie de lucha. La comunidad denuncia que no se les
presento orden judicial.
Que en este momento la policía hondureña y madereros se aprestan a
agredir a hermanos y hermanos indígenas Tolupanes de la comunidad de
Lavanderos en la Montaña de la Flor, que se encuentra apostados
defendiendo su territorio ante los industriales de la madera que
violan el territorio Tolupan.
3.- Por años hemos venido denunciando la estrategia de
intervencionismo total de los Estado Unidos en Honduras, Las bases
militares instaladas luego del golpe de estado, la amenaza de instalar
más en la región Lenca, el asedio del imperialismo, trasnacionales y
oligarcas por adueñarse de los territorios indígenas y negros, de su
biodiversidad, sus conocimientos y culturas como también el propósito
de convertirnos en esclavos y esclavas de los mismos.
4.- Que esta acción asesina que no es la primera de parte del ejército
norteamericano y hondureño en este territorio Miskito y en Honduras,
es parte de la política de imponer miedo, desplazamiento, control y
replicar la política terrorista gringa-colombiana contra los pueblos
como estrategia que fortalezca la dominación hegemónica de los
Estados Unidos en el continente, utilizando proyectos como la
hipócrita política de “lucha contra el narcotráfico” , con el
desplazamiento de la Cuarta Flota, componentes sobre militarización y
seguridad en los Tratados de Libre Comercio, Proyecto de Seguridad
para Centroamérica que incluyen financiamientos de los organismos
financieros internacionales (OFIs) con más deuda externa, como también
el golpe de estado en Honduras y el incremento de tropas, bases y
operaciones militares de guerra que violentan los derechos
individuales y colectivos de los pueblos originarios.
5.- Es más que claro que esta política de terror, de sometimiento y de
saqueo contra los pueblos indígenas y negros y contra del pueblo
hondureño en general se incrementará cada vez más como plan decidido
ya por los gringos y se acelerará a medida que el pueblo resistente de
honduras se encamine arreciando la lucha social y política por la
Refundación de este matria.
6.- Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañero del COPINH y
el respeto a su integridad física y emocional; Nos sumamos a la
exigencia de los Consejos Territoriales, de las organizaciones y
Pueblo Miskito que exige la salida de las tropas gringas de este
territorio sagrado y ancestral que ha sido enlutado y que ha sufrido
bombardeo y ametrallamiento de manera indiscriminada, nos sumamos al
señalamiento como responsables de esta atrocidad al ejército hondureño
y gringo, nos sumamos a la demanda de castigo a los responsables y a
que este caso no se quede impune.
7.- El ejército gringo, el ejército hondureño y demás fuerzas
represivas no son gratas en ningún lugar de nuestros territorios,
exigimos su desaparición, basta del discurso mentiroso de “lucha
antidrogas”, exigimos respeto a la vida, territorios, culturas,
autonomía y al derecho legítimo que tenemos de defendernos ante la
invasión imperialista, oligarca y colonialista.
8.- Animamos a todos los pueblos indígenas y negros a seguir el
ejemplo de los grandes espíritus rebeldes Miskitus, de Lempira, de
Barauda, de Cicumba, Copan Galel, y de todas nuestras ancestras y
ancestros que nos enseñaron el camino de la dignidad, del rechazo
ante la opresión y el levantamiento contra el mismo.
Dado en Intibucá, 15 de mayo del 2012.
viernes, 27 de abril de 2012
Congreso Nacional se niega a discutir proyecto de ley de minería con Organizaciones
Denuncia Pública
La Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales contra la Minería a Cielos Abiertos y el Comité Ambientalista del Valle de Siria, denunciamos la negativa del gobierno y de manera particular del Congreso Nacional, a escuchar y atender las demandas de la sociedad civil, con relación al proyecto de Ley de Minería.
Miedo a la transparencia y diálogo con el pueblo
La Comisión de Minería, presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar, se comprometió en mayo del 2011, ante representantes de más de 20 organizaciones sociales y ambientales de todo el país, a discutir ampliamente los contenidos del proyecto de Ley, previo a su aprobación por el pleno de la Cámara Legislativa.
Pero durante los meses siguientes, lejos de cumplir con su palabra, este parlamentario se dedicó a denigrar a los organizaciones ambientalistas, expresando en reiteradas ocasiones que las denuncias sobre los daños ocasionados por las empresas mineras carecían de fundamento, exhibiendo desconocimiento de los sendos expedientes que existen en la Fiscalía del Ambiente, y en las Secretarías de Recursos Naturales y de Salud.
Para muestra un caso: El 13 de diciembre del año 2011 se presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Salud, solicitando “se declare la zona del Valle de Siria en emergencia sanitaria, que se atienda en forma inmediata a los afectados por metales pesados, se proceda a realizar nuevos análisis médicos y que se considere el resarcimiento de daños y perjuicios”.
En reiteradas oportunidades, nuestras organizaciones exigieron el dictamen elaborado por la Comisión de Minería, y nuestra demanda fue desatendida siempre por su presidente, el diputado Donaldo Reyes Avelar, bajo el argumento que el mismo no estaba concluido aún.
A finales de enero del 2012 y luego de una fuerte presión nacional e internacional hacia la Presidencia del Congreso, el diputado Juan Orlando Hernández “autorizó” la entrega de una copia del Proyecto a las organizaciones sociales. En esta ocasión nuevamente los diputados Donaldo Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se comprometieron a realizar un foro con amplia participación de las organizaciones sociales y con la presencia de los medios de comunicación como testigos.
Bajo ese compromiso, nos dimos a la tarea de estudiar cuidadosamente el proyecto de Decreto y le comunicamos a la presidencia del Congreso y de la Comisión de Minería que teníamos serias divergencias con el dictamen parlamentario, y propuestas alternativas, porque bajo su redacción actual, la nueva Ley de Minería, sería más lesiva, permisiva y entreguista que la vigente.
Pese a reiteradas solicitudes para reunirnos durante los últimos meses, la Comisión de Minería ha hecho oídos sordos a nuestras exigencias, demostrando que su palabra no tiene ningún valor, y la ausencia de compromiso con los intereses del pueblo; lo cual contrasta con la posición asumida cuando las demandas son hechas por el gremio minero nacional y los inversionistas extranjeros, con quienes al parecer, si están dispuestos a consensuar el contenido de la nueva Ley de Minería.
La intolerancia de los dictaminadores al disenso con su posición es de tal gravedad, que el propio vicepresidente de la comisión, diputado Marcio Vega Pinto, denunció recientemente a Reyes Avelar y Dubón Bueso, por haberlo excluido de las reuniones de trabajo y aseguró que han sesionado en secreto fuera de Tegucigalpa, para elaborar el dictamen sin la participación de algunos miembros de la comisión.
Honduras al mejor postor
Mientras el Congreso rehúye dialogar con las organizaciones sociales, el ministro de la Recursos Naturales (SERNA), Rigoberto Cuellar, junto al actual director de DEFOMIN y ex Fiscal Especial del Ambiente, Aldo Santos, viajaron a Canadá, para promover las “bondades del proyecto de Ley de Minería”, en la convención anual de inversionistas mineros, realizada recientemente en Toronto.
La SERNA también firmó un Acuerdo de Cooperación con el gobierno canadiense y con el Ministerio de Minas de Chile, para que les “asesoren” sobre los contenidos y las formas de implementación de la ley de minería.
Cerrar las puertas a la participación ciudadana y abrir la puerta a gobiernos extranjeros para que le den el visto bueno a la ley de Minería es un acto que viola la soberanía nacional, porque hace participes de la creación de leyes nacionales a gobiernos extranjeros.
Lo antes expuesto, sólo nos confirma lo que siempre hemos sabido: “Que existe un plan premeditado y calculado, para cerrar las puertas, los oídos y los ojos al reclamo del pueblo y a los graves problemas que viven las comunidades donde hay proyectos mineros en marcha; mientras se abren las puertas a una nueva fase de destrucción masiva de nuestros recursos que con seguridad generaran mayor pobreza, agotamiento de los recursos naturales, enfermedades y muerte, por las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados, que al facilitar la entrega de nuestro territorio y nuestros recursos a las transnacionales mineras, están condenando a la presente y futuras generaciones”.
Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se han confabulado con los funcionarios de SERNA y DEFOMIN, para cabildear una Ley de Minería lesiva a los intereses del pueblo Hondureño, lo que sin lugar a ninguna duda, dará paso a una mayor conflictividad en nuestras comunidades, dispuestas a hacer lo que sea necesario para defender sus territorios, sus recursos y sus medios de vida, ante el despojo que significa la llegada de corporaciones transnacionales mineras, amparadas bajo la ley que estos personajes están dispuestos a aprobar, a espaldas del pueblo Hondureño.
Como organizaciones sociales, exigimos al Congreso Nacional, dejar a un lado su prepotencia, e iniciar un proceso abierto y transparente de participación, en el que la ciudadanía Hondureña tiene mucho que aportar.
Finalmente queremos insistir en que nuestras comunidades han expresado su intención de defender sus recursos naturales frente a las explotaciones mineras, forestales e hidroeléctricas; por tanto: responsabilizamos al Congreso nacional y al Poder Ejecutivo de los conflictos que con seguridad surgirán, al aprobarse al margen de la voluntad popular, una ley de minería que desconoce y niega los derechos humanos básicos de nuestra población.
Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2012
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y COMITÉ AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIARESUMEN CASOS ENFERMOS DEL VALLE DE SIRIA
La Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales contra la Minería a Cielos Abiertos y el Comité Ambientalista del Valle de Siria, denunciamos la negativa del gobierno y de manera particular del Congreso Nacional, a escuchar y atender las demandas de la sociedad civil, con relación al proyecto de Ley de Minería.
Miedo a la transparencia y diálogo con el pueblo
La Comisión de Minería, presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar, se comprometió en mayo del 2011, ante representantes de más de 20 organizaciones sociales y ambientales de todo el país, a discutir ampliamente los contenidos del proyecto de Ley, previo a su aprobación por el pleno de la Cámara Legislativa.
Pero durante los meses siguientes, lejos de cumplir con su palabra, este parlamentario se dedicó a denigrar a los organizaciones ambientalistas, expresando en reiteradas ocasiones que las denuncias sobre los daños ocasionados por las empresas mineras carecían de fundamento, exhibiendo desconocimiento de los sendos expedientes que existen en la Fiscalía del Ambiente, y en las Secretarías de Recursos Naturales y de Salud.
Para muestra un caso: El 13 de diciembre del año 2011 se presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Salud, solicitando “se declare la zona del Valle de Siria en emergencia sanitaria, que se atienda en forma inmediata a los afectados por metales pesados, se proceda a realizar nuevos análisis médicos y que se considere el resarcimiento de daños y perjuicios”.
En reiteradas oportunidades, nuestras organizaciones exigieron el dictamen elaborado por la Comisión de Minería, y nuestra demanda fue desatendida siempre por su presidente, el diputado Donaldo Reyes Avelar, bajo el argumento que el mismo no estaba concluido aún.
A finales de enero del 2012 y luego de una fuerte presión nacional e internacional hacia la Presidencia del Congreso, el diputado Juan Orlando Hernández “autorizó” la entrega de una copia del Proyecto a las organizaciones sociales. En esta ocasión nuevamente los diputados Donaldo Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se comprometieron a realizar un foro con amplia participación de las organizaciones sociales y con la presencia de los medios de comunicación como testigos.
Bajo ese compromiso, nos dimos a la tarea de estudiar cuidadosamente el proyecto de Decreto y le comunicamos a la presidencia del Congreso y de la Comisión de Minería que teníamos serias divergencias con el dictamen parlamentario, y propuestas alternativas, porque bajo su redacción actual, la nueva Ley de Minería, sería más lesiva, permisiva y entreguista que la vigente.
Pese a reiteradas solicitudes para reunirnos durante los últimos meses, la Comisión de Minería ha hecho oídos sordos a nuestras exigencias, demostrando que su palabra no tiene ningún valor, y la ausencia de compromiso con los intereses del pueblo; lo cual contrasta con la posición asumida cuando las demandas son hechas por el gremio minero nacional y los inversionistas extranjeros, con quienes al parecer, si están dispuestos a consensuar el contenido de la nueva Ley de Minería.
La intolerancia de los dictaminadores al disenso con su posición es de tal gravedad, que el propio vicepresidente de la comisión, diputado Marcio Vega Pinto, denunció recientemente a Reyes Avelar y Dubón Bueso, por haberlo excluido de las reuniones de trabajo y aseguró que han sesionado en secreto fuera de Tegucigalpa, para elaborar el dictamen sin la participación de algunos miembros de la comisión.
Honduras al mejor postor
Mientras el Congreso rehúye dialogar con las organizaciones sociales, el ministro de la Recursos Naturales (SERNA), Rigoberto Cuellar, junto al actual director de DEFOMIN y ex Fiscal Especial del Ambiente, Aldo Santos, viajaron a Canadá, para promover las “bondades del proyecto de Ley de Minería”, en la convención anual de inversionistas mineros, realizada recientemente en Toronto.
La SERNA también firmó un Acuerdo de Cooperación con el gobierno canadiense y con el Ministerio de Minas de Chile, para que les “asesoren” sobre los contenidos y las formas de implementación de la ley de minería.
Cerrar las puertas a la participación ciudadana y abrir la puerta a gobiernos extranjeros para que le den el visto bueno a la ley de Minería es un acto que viola la soberanía nacional, porque hace participes de la creación de leyes nacionales a gobiernos extranjeros.
Lo antes expuesto, sólo nos confirma lo que siempre hemos sabido: “Que existe un plan premeditado y calculado, para cerrar las puertas, los oídos y los ojos al reclamo del pueblo y a los graves problemas que viven las comunidades donde hay proyectos mineros en marcha; mientras se abren las puertas a una nueva fase de destrucción masiva de nuestros recursos que con seguridad generaran mayor pobreza, agotamiento de los recursos naturales, enfermedades y muerte, por las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados, que al facilitar la entrega de nuestro territorio y nuestros recursos a las transnacionales mineras, están condenando a la presente y futuras generaciones”.
Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se han confabulado con los funcionarios de SERNA y DEFOMIN, para cabildear una Ley de Minería lesiva a los intereses del pueblo Hondureño, lo que sin lugar a ninguna duda, dará paso a una mayor conflictividad en nuestras comunidades, dispuestas a hacer lo que sea necesario para defender sus territorios, sus recursos y sus medios de vida, ante el despojo que significa la llegada de corporaciones transnacionales mineras, amparadas bajo la ley que estos personajes están dispuestos a aprobar, a espaldas del pueblo Hondureño.
Como organizaciones sociales, exigimos al Congreso Nacional, dejar a un lado su prepotencia, e iniciar un proceso abierto y transparente de participación, en el que la ciudadanía Hondureña tiene mucho que aportar.
Finalmente queremos insistir en que nuestras comunidades han expresado su intención de defender sus recursos naturales frente a las explotaciones mineras, forestales e hidroeléctricas; por tanto: responsabilizamos al Congreso nacional y al Poder Ejecutivo de los conflictos que con seguridad surgirán, al aprobarse al margen de la voluntad popular, una ley de minería que desconoce y niega los derechos humanos básicos de nuestra población.
Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2012
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y COMITÉ AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIARESUMEN CASOS ENFERMOS DEL VALLE DE SIRIA
Ultima actualización (Miércoles 25 de Abril de 2012 16:57)
miércoles, 14 de marzo de 2012
Nueva Ley de Minería de Honduras sería una realidad en el primer semestre del año
13 de Marzo de 2012.- La nueva Ley de Minería de Honduras sería una realidad antes de que finalice el primer semestre del año, de acuerdo al ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar.
Cuéllar, quien participó en la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de la Industria Minera de Canadá (PDCA por sus siglas en inglés) en la ciudad de Toronto, dijo en una entrevista exclusiva a EL HERALDO que el nuevo marco de regulación para la actividad minera en Honduras sería aprobado a más tardar en junio de 2012.
El funcionario indicó que previo a la aprobación de la ley, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha solicitado que la misma sea revisada por expertos internacionales, lo que será posible mediante convenios ya pactados con los gobiernos de Canadá y Chile.
“Honduras yo creo que está dando un paso importante ahora. En realidad la pregunta ya no es si queremos una nueva Ley de Minería. Necesitamos una nueva Ley de Minería, siquiera para regular la actividad que ya se está realizando en el país. La pregunta es hacia dónde queremos llevar la actividad minera con esta nueva ley: ¿la queremos promover o la queremos desincentivar?”, comentó.
Añadió que “la ley es una ley lógicamente controversial, pero debe ser controversial. Yo creo que es una ley que impacta tanto en todos los ciudadanos hondureños y en todos los sectores que deseen decir algo al respecto deben tener la oportunidad de hacerlo”, sostuvo.
El reto del gobierno será garantizar la explotación sustentable de minerales mediante la instalación de un órgano contralor que se encargaría de vigilar la actividad minera.
La Serna actualmente controla el proceso de cierre de la empresa Entre Mares, tras la controversia desatada por la contaminación de agua en el valle de Siria, El Porvenir, al norte de Francisco Morazán, que afectó a cientos de pobladores de la zona.
Dicho cierre, señaló Cuéllar, “ha sido muy exitoso y también se da cuenta de qué tan infundados están técnicamente algunos temores; por ejemplo, esa negativa que hay a la minería a cielo abierto”.
El funcionario explicó que visualmente, la exploración a cielo abierto es más grotesca; sin embargo, esto no significa que exista un menor impacto con la subterránea. “Es muchísimo más segura la de cielo abierto y es más fácil de cerrar y reconstruir después”, aseguró.
Cuéllar citó los casos de Chile y Canadá, países cuya economía se basa en gran medida en la explotación minera y que actualmente han alcanzado altos niveles de desarrollo.
Con respecto a la dilación con la que se ha manejado el proceso de aprobación de la ley, afirmó que “compromiso político existe, lo que pasa es que queremos ser responsables al respecto”.
De igual manera, remarcó que países vecinos como Nicaragua, que en poco tiempo ha superado a Honduras en la materia y en exportación de oro, han logrado grandes avances en los últimos años.
“Mientras tanto, nosotros estamos perdiendo terreno también en Centroamérica en lo que es el tema minero y recordemos que los precios actuales de ciertos minerales, como es el caso del oro, son propicios ahora para poder promover” la minería a través de empresas responsables social y ambientalmente.
Por su parte, los inversionistas buscan “un marco regulatorio, un marco jurídico adecuado y además que le dé alguna seguridad”.
“La ley es un buen inicio si queremos llamar la inversión sobre el sector y sobre todo si queremos llamar a incentivar al sector serio minero”, agregó. Una de las ventajas de Honduras, de acuerdo a Cuéllar, es que ya cuenta con una tradición minera conocida en el extranjero.
Cooperación internacional
Anteriormente, Honduras suscribió un convenio con el Ministerio de Minas de Chile para el asesoramiento de expertos en la materia para la revisión de la nueva ley.
En Canadá, la Secretaría de Recursos Naturales acordó con el Ministerio de Desarrollo la contratación de asesores con fondos canadienses para el análisis de la ley, lo que permitirá “garantizar que los estándares mínimos internacionales estén contenidos en la ley” y que la experiencia de estos dos países con conocimiento en la materia esté reflejada en la regulación.
Además, esta deberá avalar que todos los sectores involucrados, empresas mineras, gobierno central, locales y comunidades donde se realicen las explotaciones, obtengan beneficios de la actividad.
Control de la actividad minera
El titular de la Serna adelantó que una de las nuevas disposiciones contempladas en la ley es la creación del Instituto de Minería (que hoy se conoce como Defomin), que contará con la capacidad técnica y logística para realizar el monitoreo, control y seguimiento una vez que se otorga la licencia ambiental a las compañías mineras.
“Lo importante es garantizar en el campo, in situ, que las medidas de mitigación ordenadas en el proceso de licenciamiento se cumplan. Eso no se ha venido haciendo. Con la nueva ley se garantizaría que parte de los impuestos que se pagan también vayan orientados a fortalecer las instituciones auditoras”, enfatizó.
Otros aspectos como el canon y período de concesión fijados actualmente serían aumentados al entrar en vigor la nueva reglamentación.
“Se pretende hacer una ley más atractiva. El período de concesión también se aumentaría, no creo que lleguemos a como están otros países que lo dan de manera indefinida, como el caso de Argentina, Perú o Colombia; pero sí establecer términos de 20 a 30 años en una concesión que garantice a la empresa que puede recuperar su inversión”, subrayó.
Participación comunitaria
También se prevé el pago de un canon por derecho de concesión a los gobiernos locales y se somete a consulta de los ciudadanos la decisión de permitir la instalación de la industria minera en su territorio.
En la actualidad, el proceso para la entrega de una licencia exige la socialización del proyecto con las comunidades y que estas se pronuncien a favor, mediante la certificación del acta de cabildo abierto donde se apruebe la instalación.
En casos polémicos, la decisión comunitaria sería regulada por un proceso de votación a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras.
“Eso obliga a las empresas a tener que interactuar directamente con las comunidades para que ya no se vean como simples beneficiarios, sino que encuentren la manera de convertirlos en verdaderos socios del proyecto porque al final, en la medida en que las comunidades se apropien del proyecto, ellos mismos lo defenderán”, manifestó Cuéllar.
La Dirección de Fomento a la Minería de Honduras (Defomin) mantiene bajo estudio más de 200 solicitudes de concesión sin otorgar, 104 de compañías chilenas y canadienses, debido a la veda decretada por el gobierno sobre minerales metálicos, a la espera de la aprobación de la nueva Ley de Minería.
Otras 125 solicitudes fueron presentadas por la compañía Braeval Minera Honduras S.A., que planea explorar terrenos ubicados en su mayoría en la zona sur del país. El Poder Ejecutivo contemplará modificar la veda a parcial a efecto de que algunos minerales que no tengan grandes repercusiones ambientales puedan ser comercializados.
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=16665&fecha=03
Cuéllar, quien participó en la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de la Industria Minera de Canadá (PDCA por sus siglas en inglés) en la ciudad de Toronto, dijo en una entrevista exclusiva a EL HERALDO que el nuevo marco de regulación para la actividad minera en Honduras sería aprobado a más tardar en junio de 2012.
El funcionario indicó que previo a la aprobación de la ley, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha solicitado que la misma sea revisada por expertos internacionales, lo que será posible mediante convenios ya pactados con los gobiernos de Canadá y Chile.
“Honduras yo creo que está dando un paso importante ahora. En realidad la pregunta ya no es si queremos una nueva Ley de Minería. Necesitamos una nueva Ley de Minería, siquiera para regular la actividad que ya se está realizando en el país. La pregunta es hacia dónde queremos llevar la actividad minera con esta nueva ley: ¿la queremos promover o la queremos desincentivar?”, comentó.
Añadió que “la ley es una ley lógicamente controversial, pero debe ser controversial. Yo creo que es una ley que impacta tanto en todos los ciudadanos hondureños y en todos los sectores que deseen decir algo al respecto deben tener la oportunidad de hacerlo”, sostuvo.
El reto del gobierno será garantizar la explotación sustentable de minerales mediante la instalación de un órgano contralor que se encargaría de vigilar la actividad minera.
La Serna actualmente controla el proceso de cierre de la empresa Entre Mares, tras la controversia desatada por la contaminación de agua en el valle de Siria, El Porvenir, al norte de Francisco Morazán, que afectó a cientos de pobladores de la zona.
Dicho cierre, señaló Cuéllar, “ha sido muy exitoso y también se da cuenta de qué tan infundados están técnicamente algunos temores; por ejemplo, esa negativa que hay a la minería a cielo abierto”.
El funcionario explicó que visualmente, la exploración a cielo abierto es más grotesca; sin embargo, esto no significa que exista un menor impacto con la subterránea. “Es muchísimo más segura la de cielo abierto y es más fácil de cerrar y reconstruir después”, aseguró.
Cuéllar citó los casos de Chile y Canadá, países cuya economía se basa en gran medida en la explotación minera y que actualmente han alcanzado altos niveles de desarrollo.
Con respecto a la dilación con la que se ha manejado el proceso de aprobación de la ley, afirmó que “compromiso político existe, lo que pasa es que queremos ser responsables al respecto”.
De igual manera, remarcó que países vecinos como Nicaragua, que en poco tiempo ha superado a Honduras en la materia y en exportación de oro, han logrado grandes avances en los últimos años.
“Mientras tanto, nosotros estamos perdiendo terreno también en Centroamérica en lo que es el tema minero y recordemos que los precios actuales de ciertos minerales, como es el caso del oro, son propicios ahora para poder promover” la minería a través de empresas responsables social y ambientalmente.
Por su parte, los inversionistas buscan “un marco regulatorio, un marco jurídico adecuado y además que le dé alguna seguridad”.
“La ley es un buen inicio si queremos llamar la inversión sobre el sector y sobre todo si queremos llamar a incentivar al sector serio minero”, agregó. Una de las ventajas de Honduras, de acuerdo a Cuéllar, es que ya cuenta con una tradición minera conocida en el extranjero.
Cooperación internacional
Anteriormente, Honduras suscribió un convenio con el Ministerio de Minas de Chile para el asesoramiento de expertos en la materia para la revisión de la nueva ley.
En Canadá, la Secretaría de Recursos Naturales acordó con el Ministerio de Desarrollo la contratación de asesores con fondos canadienses para el análisis de la ley, lo que permitirá “garantizar que los estándares mínimos internacionales estén contenidos en la ley” y que la experiencia de estos dos países con conocimiento en la materia esté reflejada en la regulación.
Además, esta deberá avalar que todos los sectores involucrados, empresas mineras, gobierno central, locales y comunidades donde se realicen las explotaciones, obtengan beneficios de la actividad.
Control de la actividad minera
El titular de la Serna adelantó que una de las nuevas disposiciones contempladas en la ley es la creación del Instituto de Minería (que hoy se conoce como Defomin), que contará con la capacidad técnica y logística para realizar el monitoreo, control y seguimiento una vez que se otorga la licencia ambiental a las compañías mineras.
“Lo importante es garantizar en el campo, in situ, que las medidas de mitigación ordenadas en el proceso de licenciamiento se cumplan. Eso no se ha venido haciendo. Con la nueva ley se garantizaría que parte de los impuestos que se pagan también vayan orientados a fortalecer las instituciones auditoras”, enfatizó.
Otros aspectos como el canon y período de concesión fijados actualmente serían aumentados al entrar en vigor la nueva reglamentación.
“Se pretende hacer una ley más atractiva. El período de concesión también se aumentaría, no creo que lleguemos a como están otros países que lo dan de manera indefinida, como el caso de Argentina, Perú o Colombia; pero sí establecer términos de 20 a 30 años en una concesión que garantice a la empresa que puede recuperar su inversión”, subrayó.
Participación comunitaria
También se prevé el pago de un canon por derecho de concesión a los gobiernos locales y se somete a consulta de los ciudadanos la decisión de permitir la instalación de la industria minera en su territorio.
En la actualidad, el proceso para la entrega de una licencia exige la socialización del proyecto con las comunidades y que estas se pronuncien a favor, mediante la certificación del acta de cabildo abierto donde se apruebe la instalación.
En casos polémicos, la decisión comunitaria sería regulada por un proceso de votación a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras.
“Eso obliga a las empresas a tener que interactuar directamente con las comunidades para que ya no se vean como simples beneficiarios, sino que encuentren la manera de convertirlos en verdaderos socios del proyecto porque al final, en la medida en que las comunidades se apropien del proyecto, ellos mismos lo defenderán”, manifestó Cuéllar.
La Dirección de Fomento a la Minería de Honduras (Defomin) mantiene bajo estudio más de 200 solicitudes de concesión sin otorgar, 104 de compañías chilenas y canadienses, debido a la veda decretada por el gobierno sobre minerales metálicos, a la espera de la aprobación de la nueva Ley de Minería.
Otras 125 solicitudes fueron presentadas por la compañía Braeval Minera Honduras S.A., que planea explorar terrenos ubicados en su mayoría en la zona sur del país. El Poder Ejecutivo contemplará modificar la veda a parcial a efecto de que algunos minerales que no tengan grandes repercusiones ambientales puedan ser comercializados.
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=16665&fecha=03
lunes, 12 de marzo de 2012
Movimientos Sociales de Argentina rechazan la “sistemática violación de los derechos humanos” que sufre el pueblo hondureño
Comunicado de prensa
En el marco de una constante denuncia a la sistemática violación de los derechos humanos que viene sufriendo el pueblo Hondureño desde el golpe de Estado, continuada por el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo Sosa, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales fuimos recibidos por representantes de la Cancillería Argentina encabezados por el Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos Diego Tettamanti, a quienes se les hizo conocer nuestra preocupación por lo que ocurre en el país centroamericano, y por la política argentina y latinoamericana al respecto.
La comitiva de la reunión, de la que formó parte Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de la Comisión de Verdad en Honduras, el Obispo Aldo Etchegoyen y Beverly Keene de Diálogo 2000/Jubileo Sur, junto a representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Pañuelos en Rebeldía, MOPASSOL, Libres del Sur, PSTU, entregó a la Cancillería la Declaración del Encuentro Internacional de Derechos Humanos realizado en el Bajo Aguan en febrero recién pasado.
Las organizaciones argentinas señalaron su adhesión a la misma, que afirma “que la guerra contra el pueblo de Honduras que se ha desatado con furor a partir del Golpe de Estado se expresa en asesinatos, persecución, secuestros, agresiones sexuales contra las mujeres, criminalización de acciones organizativas, climas de terror intencionado contra niñas y niños que viven en los asentamientos y comunidades campesinas en lucha, atentados contra medios de comunicación popular, encarcelamiento, exilio, y últimamente atentados con fuego contra distintas poblaciones del país”. La Declaración además señala que este deterioro "sólo se explica por el interés del sistema capitalista, patriarcal y racista, para someter a los pueblos, despojarle de sus bienes naturales y culturales y ponerlo al servicio de las naciones del norte y sus transnacionales" y subraya que posibilitar ese despojo requiere del "proceso de militarización que en Honduras se hace más y más presente a través de la ocupación militar extranjera".
La comitiva recalcó la preocupación por lo sucedido el 14 de febrero, cuando la comunidad internacional y los grandes medios de comunicación pusieron nuevamente el ojo en lo que ocurre en Honduras debido al trágico suceso acaecido en el Centro Penal de Comayagua, en el que fallecieron más de de 400 personas. Y se subrayó que diariamente son violados los derechos humanos del pueblo hondureño y son las clases empobrecidas las más afectadas por las políticas de exclusión de este sistema económico y social.
En la reunión en Cancillería, el gobierno argentino reconoció que continúan y se profundizan las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, luego de que este país fue reingresado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras el "Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras", firmado entre el depuesto presidente Zelaya, el gobierno actual surgido del proceso del golpe, y los gobiernos de Colombia y Venezuela como garantes.
En este marco, las organizaciones demandaron al gobierno argentino que coloque nuevamente como prioridad en la agenda regional e internacional el caso de Honduras, tomando medidas que contribuyan a parar las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la ola de asesinatos, detenciones y desalojos, sancionando a los responsables, y asegurando que desde los organismos financieros internacionales no se siga endeudando al país, en apoyo a estas políticas represivas.
Los organismos de derechos humanos y los movimientos populares de Argentina, diariamente buscamos todas las formas posibles para demostrar nuestra solidaridad activa con la lucha del pueblo hondureño y con las víctimas de la represión en el país, entendiendo que son víctimas en la medida que los daños contra sus vidas tienen responsables. Condenamos al Estado de Honduras y exigimos que ponga fin inmediato a sus políticas represivas y violadoras de los derechos humanos.
Para más informaciones, comunicarse con
Beverly Keene (Jubileo Sur): 1555690140
Claudia Korol (Pañuelos en Rebeldía - Movimientos Sociales del ALBA - Capítulo Argentina): 1560491996
Manuel Bertoldi (Frente Popular Darío Santillán - Movimientos Sociales del ALBA - Capítulo Argentina): 022115548700
jueves, 8 de marzo de 2012
Escuchen a las mujeres de Honduras
La consulta sobre la propuesta de una ley de minería debería realizarse con los Hondureños, y no con las compañías canadienses, en el encuentro donde participaran funcionarios del gobierno hondureño esta semana en Toronto.
Jennifer Moore
Latin America Program Coordinator MiningWatch Canada www.miningwatch.ca email: jen@miningwatch.ca tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138 |
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