CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL COMUNICADO DE PRENSA
Washington D.C. 26 de febrero de 2010
Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar
rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras
el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en cartas enviadas hoy a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la
Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.
El 13 de enero, el Congreso hondureño nombró diputado vitalicio al ex
líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo cual lo protege de
acusaciones penales por su papel durante el golpe. El 26 de enero, la
Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo contra seis oficiales
militares de alto rango que apoyaron el golpe, ya que consideró que su
actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. El mismo
día, el Congreso aprobó un decreto de amnistía para los crímenes
relacionados con el golpe; sus términos son ambiguos y por ello su
implementación podría abarcar serias violaciones a los derechos humanos.
Estas tres decisiones cuestionan el cumplimiento del Estado de Honduras,
de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.
El otorgamiento de una diputación vitalicia a Roberto Micheletti viola
tanto las leyes nacionales como internacionales: la Constitución de
Honduras no contempla esta figura y la CIDH ha establecido que este tipo
de decisiones viola tanto los derechos políticos como la igualdad ante la
ley, garantizados en la Convención Americana. Las resoluciones de la CIDH
acerca de este tema se produjeron en 1999 en respuesta a una estipulación
similar en la Constitución de Chile que beneficiaba al general Augusto
Pinochet .
Por otra parte, el absurdo fallo de la Corte Suprema, que consideró
necesario el derrocamiento del presidente constitucional para preservar la
democracia, es consistente con el evidente apoyo político que ese alto
tribunal brindó al golpe de Estado; así lo señaló la CIDH en su informe
acerca del golpe divulgado en enero pasado .
De manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que los Estados deben “… garantizar que los procesos internos
tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables […]
surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a
figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad.”
A la vez, el deber estatal de investigar y sancionar serias violaciones a
los derechos humanos, limitándose el alcance de las leyes de amnistía ha
sido reafirmado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros mecanismos
internacionales de protección vinculantes para Honduras.
Después del derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya,
las fuerzas de seguridad de Honduras cometieron extensas violaciones a los
derechos humanos, que incluyeron al menos siete muertes de manifestantes
pacíficos opuestos al golpe, miles de detenciones ilegales y arbitrarias y
numerosos casos de maltratos, torturas e incluso abusos sexuales, así como
censura, restricciones y hostigamiento a la prensa independiente.
Las decisiones recientes del Gobierno hondureño no solo podrían limitar el
derecho de las víctimas a una reparación efectiva, sino que también
podrían impedir a la sociedad hondureña el reconocimiento oficial de las
violaciones ocurridas y el establecimiento de las responsabilidades a
quienes corresponda. Ambas acciones son imprescindibles para evitar que
los hechos se repitan.
En las cartas enviadas hoy, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana
Krsticevic, pidió a diversos órganos regionales y de las Naciones Unidas
solicitar información al Estado de Honduras acerca de las decisiones
tomadas; hacer recomendaciones para revertir dichas decisiones y
garantizar que todas las violaciones ocurridas desde el golpe de Estado
sean efectivamente investigadas y sancionadas, de acuerdo con el marco
internacional de protección de los derechos humanos que es de acatamiento
obligatorio para Honduras. CEJIL también solicitó que los órganos de
protección proogramen visitas a Honduras para que investiguen las acciones
del Estado y presionen por cambios.
CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que se pida al
Estado hondureño el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales
en materia de la protección a los derechos humanos y, específicamente, se
eliminen todos los obstáculos para investigar y sancionar a los
responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos
desde el golpe del 28 de junio. Una genuina reconciliació
posible con el establecimiento de la verdad y la justicia.
Así, como un paso necesario para reconstruir la democracia, los distintos
poderes del Estado hondureño deben asegurar que todas las violaciones a
los derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas. Si
Honduras falla en esta tarea, los órganos internacionales de protección a
los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos deberán tomar las acciones apropiadas de acuerdo con
sus mandatos y competencias.
CEJIL escribió a la CIDH, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Detenciones Arbitrarias, al presidente del Comité contra la Tortura de
las Naciones Unidas y a los relatores especiales de las Naciones Unidas
para la Independencia de los Jueces, para la Prevención de la Tortura y
para la Protección de los Defensores de Derechos humanos.
Contacto de Prensa en Washington D.C.:
Mauricio Herrera. Director de Comunicación: (202) 319-3000
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el
hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementació
Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante
el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros
mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no
gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante
la Comisión Africana de Derechos Humanos.
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