HONDURAS: LAS MINERAS NO QUIEREN IMPUESTOS Y "AMENAZAN CON IRSE"

'Paquetazo' obligará a mineras a cerrar operaciones

Posted on Thursday Jul 7th at 8:28pm

Las empresas mineras que operan en Honduras están considerando la posibilidad de abandonar el país a raíz del 5% que pagarán sobre sus exportaciones para financiar la tasa de seguridad poblacional.
Luego de que el Congreso Nacional aprobará el decreto 105-2011, el 24 de junio de 2011, y estableciera ese impuesto a la minería, los empresarios de ese rubro han manifestado su preocupación, al extremo de analizar la posibilidad de cerrar operaciones en el país y buscar otras mercados donde los tributos no son tan elevados.
Ahuyentan inversión
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, advierte que de concretar esta amenaza, los mineros dejarían al menos 15,000 personas sin empleo, mientras el Estado dejaría de percibir por concepto de impuestos unos 400 millones de lempiras. Agregó que "uno de los rubros que podía venir al país inmediatamente porque hay gente interesada de Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, China Continental y otros países es la minería, esa es una actividad que podría generar algo así como 40,000 o 50,000 trabajos, y pagando impuestos pues prácticamente salvar al gobierno de Honduras; sin embargo, le clavaron un impuesto del 5% a la minería, esta es la manera de cerrar los negocios, en lugar de animarlas a que vengan".
Agregó que "lo que pasará es que unas 16,000 personas van a hacer colas ante el Congreso Nacional diciéndole muchas gracias por quitarnos la chamba, muchas gracias por quitarnos el pan de nuestros hijos, muchas gracias por no pensar en lo que están haciendo, porque ustedes solo piensan en mantener la burocracia y no piensan en generar trabajo".
Según el industrial, el gobierno perdería más o menos 400 millones de lempiras que las mineras pagan de impuestos. Esta cifra la basan en que hasta el momento este sector ha cancelado alrededor de 90 millones de lempiras.
"Salió un diputado diciendo que las mineras no pagan, es el señor más desinformado que ha habido en el Congreso Nacional, yo tengo copias de los recibos de la DEI donde consta de que los mineros pagan más o menos 400 millones de lempiras, así que esa sería la primera pérdida; el presidente Lobo Sosa tenía que meter otro paquetazo, ya sería el quinto paquetazo, para sustituir los que están recibiendo ahorita las mineras", dijo en tono molesto el representante de los industriales.
Para reforzar las declaraciones de Facussé, los gerentes generales de las dos empresas mineras que mantienen sus actividades de exportación en Honduras presentaron sus pruebas de pago de impuestos a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a la Dirección de Fomento a la Minería y a las municipalidades donde operan, entre otras.
Santos Gabino Carbajal, presidente de la Asociación de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), fue contundente al presentar las pruebas sobre el pago de impuestos.
"La única industria que recibe una dedicatoria especial es la minera, se le carga con 5% al valor de sus exportaciones, pero a su valor bruto, entonces no es solo un 5%, pero eso no se dice y la verdad es un 10%, pero no lo dicen porque causaría una alarma".
En la conferencia de prensa, los mineros se defendieron de tres acusaciones: no pagar impuestos, desconocimiento del contenido de las exportaciones y daños al medio ambiente.
"Estar viviendo en el pasado y tener como pantalla los pasivos ambientales de los tiempos de la colonia, eso es vivir totalmente aislados de los tiempos modernos", dijo Santos Gabino Carbajal.
La contribución
Los mineros aseguraron no estar de acuerdo con que se les grave con 1,300 millones de lempiras como parte del pago de la tasa de seguridad.
Consideran que el impacto de la tasa de seguridad, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, obligaría a una de las mineras a pagar a alrededor de 700 millones de lempiras y las otras mineras pagarían unos 600 millones de lempiras .
"Aquí lo que se está haciendo no es ahogando a las empresas mineras sino quebrando la economía nacional; en lo que respecta a las mineras, lo que correspondería es hacer una proporción de cuánto corresponde a una industria que tiene a dos empresas exportando, estamos dispuestos aportar, pero de acuerdo con las exportaciones", según el presidente de la Anamimh.
Añadió que "la verdad es que el documento que fue sacado del CN y que tiene ahora el presidente de la República es un adefesio jurídico que no tiene ni pies ni cabeza; si realmente recogen el dinero que piensan recaudar, es algo ilegal y discriminatorio".
Los mineros, igual que los demás sectores empresariales, confirmaron que impugnarán en forma conjunta con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el decreto 105-2011.
Marcos Bautista, gerente de distrito de Ampac, dijo que "antes de retirarnos del país habrá que abordar todos los recursos legales, incluyendo el diálogo con las autoridades de gobierno, de modo que se pueda salvaguardar la fuente de trabajo y que el Estado siga percibiendo impuestos de parte de la industria minera. Esto es un cambio de las reglas de juego, es muy abrupto y, por supuesto, tenemos que analizarlo con profundidad y si la decisión final depende de si no resulta rentable, en ese caso tendríamos que cerrar operaciones".
Según los documentos presentados por la Anamimh, en lo que va del año la empresa minera Minosa canceló alrededor de 50 millones de lempiras en impuesto y 48 millones Ampac.
"En este año 2011 ya se pagaron 99 millones de lempiras como pagos a cuenta sobre la renta, tenemos documentación de los pagos que se han venido haciendo y tenemos la declaración presentada ante la DEI, por eso calculamos que en cuatro pagos que se harán en todo el año se concretarán unos 400 millones de lempiras", afirmó Carbajal.
De acuerdo con datos de Anamimh, en 2009 se pagaron 170 millones de lempiras en impuestos, cifra que se supera en 2010 al sumar 210 millones de lempiras.
"Estas cifras se pueden comprobar con los documentos firmados por los bancos a la hora de realizar los pagos; el banco no emitiría recibos si fuera como dice el ministro de la DEI, (Oswaldo Guillen)".
Carbajal indicó que las compañías mineras cumplen con el pago de sus impuestos y puso como ejemplo que "el 2009-2010 se pagaron solo por Impuesto sobre la Renta 200 millones de lempiras.
Pero también se pagaron 300 millones de los proveedores locales, asimismo, 25 millones a cada comunidad donde hay un proyecto minero y explotación y se pagaron 6 millones mensuales por planilla de nuestros empleados.
No es que las empresas quieran irse sino que las están obligando a que se vayan con tanta carga tributaria que existe en Honduras, y esta industria apoya a unos 30,000 hondureños de forma directa e indirecta", argumentó Carbajal.
Los mineras aseguraron que el cobro del 1% al Impuesto sobre la Renta (ISR) es un tema que también les afectará, por lo cual se unen al Cohep para declararlo inconstitucional.
La meta de las mineras para 2011 ha sido la atracción de inversiones, sin embargo, todo hace indicar que no lo lograrán. La meta de la Asociación de Mineros se ha enmarcado en atraer a 10 empresas mineras, con inversiones promedio de 300 millones de dólares cada una, en un período de seis años.
http://m.elheraldo.hn/37532/show/d6466c4ffe7899436b22a67c7e5e6820&t=0f9b3d0a7fe3be967b8071d7fcaa6c7f

Pronunciamiento del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.

LIBERTAD PARA ENRIQUE FLORES LANZA, Tegucigalpa Honduras. 

Domingo 03 de Julio de 2011 21:31 Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.

Pronunciamiento del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras.

Desde el poder judicial (“patio trasero de los políticos”) se promueve la persecución política, contra miembros del FNRP Esta persecución se expresa en su forma más barbárica y retrograda en el juicio contra Enrique Flores Lanza, integrante de la Comisión Política de la Resistencia, cuando se le ha impuesto una fianza impagable y sin precedentes en la historia del Poder Judicial, con la única intención política de meterlo a prisión.

Mientras los verdugos gozan de impunidad, se persigue a las víctimas, esto se puede constatar en el Informe “Registro y Seguimiento de Procesos Penales, a nivel nacional, relacionados con los hechos acaecidos antes, durante y después del 28 de Junio de 2009” del Programa de Derechos Humanos Poder Judicial, en el que informan que hasta diciembre de 2010 únicamente han sido judicializados 45 casos (lo que no representa ni el 10% de todos los casos presentados en la Fiscalía de los Derechos Humanos), 31 casos son en su mayoría contra Mel Zelaya y sus colaboradores y los otros 14 son contra policías de bajo rango de los cuales 10 fueron sobreseídos definitivamente y los otros 4 tienen medidas sustitutivas sin suspensión del cargo.

Es necesario aclarar que hasta ahora no se han judicializado los casos contra los asesinos de los mártires de la resistencia, a pesar de que el régimen de Lobo se ha empeñado en mostrarse internacionalmente como defensor de los derechos humanos y creado un Ministerio especialmente para tal fin, pero el que invierte más el tiempo viajando y presentando sus buenos deseos a organismos internacionales.

Pero nuevamente se constata la total manipulación de la “justicia”, la que claramente responde a los intereses de la clase dominante. El compañero Flores Lanza, regresa a Honduras, con la frente en alto, con la decisión de presentar en los tribunales las pruebas de su inocencia, y aun, cuando el acuerdo firmado en Cartagena de Indias manda que los ex funcionarios se defenderán en libertad, y él se presenta voluntariamente, se comente nuevamente un nuevo acto de arbitrariedad ya que las autoridades judiciales lo desconocen y violan conscientemente el Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto:

1. Manifestamos nuestra solidaridad con el compañero Flores Lanza, que regresó del exilio en el marco de los acuerdos de Cartagena de Indias.

2. Solicitamos a la Comisión de Seguimiento para que cumpla con su cometido de vigilante de los compromisos del Acuerdo, ya que la actual situación pone en precario los esfuerzos de los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y Colombia

3. Demandamos cumplimiento al Acuerdo de Cartagena que en su numeral 5 vela por el cumplimiento de las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.

4. Pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie en contra de este nuevo acto que constituye una burla a los esfuerzos nacionales e internacionales para encontrar una salida a la crisis generada desde el Golpe de Estado.

Tegucigalpa, D.C. Lunes 4 de julio de 2011

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS
CASTIGO PARA LOS VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
NI OLVIDO, NI PERDÓN
¡RESISTIMOS Y VENCEREMOS!

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No hay ninguna razón que justifique el reingreso de Honduras a la OEA

Después del golpe de estado del 28 de junio, la comunidad internacional rechazó de diversas maneras al nuevo régimen. Una de estas formas fue la expulsión de Honduras de la OEA.

La ruptura del orden constitucional, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la persecución a los medios de comunicación independientes, son motivos más que suficientes para realizarlo. Y más aún. Puede interpretarse el golpe de estado en Honduras, como un laboratorio en el que se ensayan las nuevas modalidades de contrainsurgencia, frente a gobiernos que desafían la hegemonía norteamericana en la región, a partir de su articulación en el ALBA, y en diversos mecanismos de integración, al margen de los mandatos de EE.UU.

Luego del golpe sucedió lo no calculado: el nacimiento de una resistencia popular masiva, enérgica, combativa, que en dos años no dejó de movilizarse, de salir a las calles, de pelear por cada uno de sus derechos.

Un pueblo en resistencia, que dio todo de sí, hasta la vida de muchos de sus hijos e hijas.

Asesinatos, amenazas, prisiones, exilio, pérdida de tierras, pérdida de derechos en todos los planos, son parte del proceso vivido a partir del gobierno de Micheletti primero, y de Porfirio Lobo ahora. De esto dan cuenta cabalmente todas las instancias internacionales de derechos humanos como la CIDH, Amnesty Internacional y la Comisión de Verdad, que han hecho –o están haciendo- informes sistemáticos y minuciosos sobre las violaciones a los derechos humanos.

El golpe de estado buscaba también detener el proceso que se abría ese 28 de junio, de profundización de la democracia a través de la Cuarta Urna, para la convocatoria a una Constituyente que pudiera abrir el camino a la Refundación de Honduras.

Hoy, a partir de los acuerdos de Cartagena de Indias, realizados entre los gobiernos de Colombia, Venezuela, y el régimen de Pepe Lobo –con el aval de Mel Zelaya y de una parte de la dirección del FNRP-, se pudo avanzar en la concreción de un hecho histórico: el retorno del exilio del presidente destituido por el golpe.

Sin embargo ese hecho no alcanza para revertir la caracterización del gobierno de Porfirio Lobo, como continuista de la política iniciada con el golpe de Estado.

No regresaron todos los exiliados y exiliadas, ni se abre paso al juicio y castigo a los responsables del golpe de estado y de las violaciones a los derechos humanos. Tampoco se crean condiciones para marchar hacia un proceso de Refundación de Honduras.

Por el contrario, se busca institucionalizar y dar gobernabilidad al régimen heredado del golpismo, en el que siguen amparados todos los personeros de la dictadura.

Es por ello que los movimientos sociales agrupados en el ALBA en Argentina,  rechazamos la decisión de la OEA de reintegrar a Honduras en su seno, y convocamos a los movimientos populares de toda América Latina a seguir demandando el fin de la impunidad, del militarismo, del golpismo, y a solidarizarse con la resistencia hondureña activamente.

Rechazamos la mediación del gobierno genocida de Juan Manuel Santos, en los acuerdos mal llamados “de reconciliación”.

¡Nunca más golpes de estado en América Latina!

Los pueblos no perdonamos a los golpistas, a los asesinos, a los que subordinan nuestros países a los dictados norteamericanos.  

Los pueblos no nos reconciliamos con nuestros verdugos.

¡Honduras resiste con dignidad! ¡No están solos/as!

Movimientos Sociales del ALBA - Capítulo Argentino
Frente Darío Santillán - Movimiento Nacional Campesino Indígena - Juventud Rebelde 20 de diciembre - Grupo de Estudios de América Latina - Pañuelos en Rebeldía - Central de Trabajadores Argentinos CTA
2 de junio / 2011

URGENTE: Desaparecen dos campesinos en el bajo Aguán

Artículo | Mayo 31, 2011

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa.Alarmante situación en el valle del Aguán, al norte del país. Han desaparecido dos campesinos en la zona del bajo Aguán: Olvin Gallegos de 18 años y Secundino Gómez de la empresa campesina San Esteban.
Gómez y Gallegos salieron el domingo anterior con rumbo a sus bases campesinas, sin embargo, fueron interceptados por varios hombres mientras cruzaban la finca El Mochito.
Hasta el momento, los familiares no tienen conocimiento del paradero. Ante eso, la empresa campesina Despertar en las últimas horas emitió un comunicado para alertar a la opinión pública y hacer del conocimiento nacional e internacional del desaparecimiento de estos compatriotas.
Según testigos, los campesinos fueron secuestrados por los guardias de los terratenientes de la palma africana, en vista que vieron rondando a guardaespaldas de René Morales (de origen nicaragüense) y Reinaldo Canales (de origen salvadoreño).
A los recientes acontecimientos se suma la desaparición de Francisco Pascual, quien fue interceptado por guardias de Miguel Facussé Barjum cuando iba en compañía de su hijo de 10 años. Los empleados del terrateniente dispararon en contra de Pascual, mientras el menor de edad corrió para avisar lo ocurrido.

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La pulseada de Honduras

Claudia Korol

Volvió Mel. En una gigantesca fiesta del pueblo, de la resistencia, el caudillo hondureño regresó a su país, cerrando una etapa del proceso que se inició con su forzado exilio, y dejando abiertos los interrogantes sobre el rumbo político que se abren a partir de los acuerdos de “reconciliación” realizado entre Juan Manuel Santos, Hugo Chávez, Porfirio Lobo y el propio Mel.

En estos momentos, la alegría vuelta fiesta, la masiva movilización callejera, dan por tierra con algunos de los argumentos esgrimidos por sectores de la resistencia que hablaban del agotamiento de las posibilidades de la lucha callejera, y promovían un desenlace preferentemente electoral frente a la crisis de gobernabilidad política, y el apuro de la administración norteamericana para que se diversifiquen las fuentes de financiamiento de la economía hondureña.

Es entonces posible -y necesario-, el relanzamiento en el nuevo contexto de la propuesta de Asamblea Constituyente dirigida a la Refundación de Honduras, rodeada y atizada por  la movilización de masas, como sostienen los grupos que apuestan a una salida “refundacional” de la crisis, que termine con la institucionalidad golpista, y ponga en marcha un proceso profundo de cambios. Se trata de retomar la dirección que se había iniciado previo al golpe de Estado, barriendo a su vez con los enquistamientos del poder oligárquico que posibilitaron el golpe de estado y la restauración de los intereses norteamericanos y de la burguesía subordinada a los mismos.

Cualquiera de las dos perspectivas políticas, tanto la predominantemente “electoralista” como la “refundacional”, deberían sin embargo profundizar el cuestionamiento de uno de los conceptos con los que se habilitó el retorno de Zelaya: la llamada “reconciliación”.

Todas las “transiciones” de dictaduras a procesos “democráticos” en América Latina, incluyeron distintos modelos de pactos, la mayoría inspirados en el “Pacto de la Moncloa” español. Los niveles de compromiso con las dictaduras suscriptos por estos pactos, fueron diferentes de acuerdo con la relación de fuerzas en los que se realizaron, y también con el tipo de posicionamiento de las fuerzas que hegemonizaban los procesos de democratización de los respectivos países.

En Honduras, un elemento novedoso, es que el pacto nace fundamentalmente desde afuera, por la mediación de dos gobiernos que representan diferentes posiciones en el contexto latinoamericano. No es difícil advertir la mano, el cerebro y la política de EE.UU. tras las maniobras de “reconciliación” del gobierno colombiano, custodio y operador de la política norteamericana en la región[1]. Más difícil es comprender la decisión del presidente de Venezuela de acudir al llamado de Santos, operador de la política norteamericana de “normalización” de Centroamérica en los términos de los procesos de “integración” promovidos desde la Iniciativa Mérida, y sus planes subregionales como la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI por su sigla en inglés), abriendo el camino apresuradamente para el ingreso de Honduras a la OEA, sin que se avance en el conjunto de los puntos propuestos en el acuerdo –salvo el del regreso de Mel Zelaya-.

Es lamentable que incluso sectores de la resistencia, acuerden avanzar en una transformación del escenario político “desde afuera hacia adentro”, ya que la aceptación en la OEA del régimen golpista de Lobo, lleva agua al molino de una “normalización institucional” que no toca las estructuras del régimen ni los intereses de quienes gracias al golpe de Estado recuperaron sus privilegios. Al mismo tiempo mediatiza una demanda irrenunciable, como es la del castigo a los culpables del golpe y de los crímenes que se realizaron y se siguen realizando desde el 28 de junio.

Fue difícil, en muchos de los países latinoamericanos, romper la trampa de las “reconciliaciones” desde arriba. En algunos casos, los “acuerdos de las transiciones” siguen siendo una camisa de fuerza que cuesta romper. La impunidad es una dimensión fundante de las políticas coloniales, de las democracias “con seguridad”, de los regímenes “representativos” del capitalismo subordinado a las potencias imperiales. Los crímenes cometidos hace más de 500 años por quienes conquistaron, saquearon, mataron –a nuestros pueblos y a nuestros territorios- han contado siempre con complicidades de las oligarquías criollas, y en esa huella se inscriben las políticas de impunidad frente a las dictaduras recientes.

Hoy el Frente Nacional de Resistencia Popular tiene la oportunidad, apoyándose en la enorme movilización del pueblo, de romper con las trampas de este tipo de transiciones. Quitarse el chaleco de fuerza de la “reconciliación” significa no pactar el olvido, la desmemoria, y avanzar en un proceso en profundidad de transformaciones políticas, sociales, económicas, democráticas y de acuerdo a los intereses del pueblo; creando un nuevo territorio de disputa de sentidos y de proyectos, donde los asesinados y asesinadas de todos los tiempos tengan su lugar. Donde los responsables de los crímenes contra el pueblo sean juzgados. Donde la conciencia social popular, no admita como posibilidad la reconciliación con el terrorismo de Estado y sus ejecutores.

Si algo nos deja como enseñanza el proceso argentino de lucha contra la dictadura y contra la impunidad, es que el camino del juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad, no sólo no resulta una amenaza a la democracia, como en su momento pregonaron muchos sectores de la burguesía liberal y de la oligarquía criolla –revestidas de adalides de la democracia-, sino por el contrario, permiten poner a la defensiva a los grupos recalcitrantes que promueven el militarismo y la desestabilización golpista.

En la actual situación de Honduras se trata ahora de resolver si la enorme legitimidad ganada por la Resistencia, que sostuvo con enorme coraje las políticas de desafío al golpe de estado desde el primer día, se proyectará en toda su potencialidad en la creación de un escenario de transformación social o quedará hipotecada en las viejas tramoyas politiqueras de un régimen que con el golpe de estado mostró sus límites y sus señales de agotamiento.

Sería lamentable mediatizar la legitimidad de esa movilización y fuerza popular, en la restauración de una institucionalidad que ha sido rechazada desde el corazón del pueblo, que exige una nueva Constitución y nuevas reglas de representación y de organización de la vida política, social, económica, cultural.

Éste es un momento de pulseada entre un rumbo y otro. Y esa pulseada nos interesa a todos los pueblos, especialmente a los latinoamericanos. Honduras sigue siendo, en esta coyuntura, la batalla de un pueblo  que acompañamos solidariamente, en las contradictorias perspectivas que se dirimen entre refundar la esperanza, o restablecer una institucionalidad y gobernabilidad que en nombre de la democracia, enajene al poder del pueblo. Valoramos en esta disputa los posicionamientos de sectores populares que han estado presentes en todos los rincones de la movilización[2], con las banderas altas de una resistencia que no se reconcilia con  el poder, y cierra los caminos de la impunidad. Su creatividad, coherencia y coraje forman parte de una “pedagogía del ejemplo” que nos enseñan –como en otra coyuntura histórica lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo en Argentina- que “la única lucha que se pierde, es la que se abandona”.

Buenos Aires, 29 de mayo del 2011

¡EL PUEBLO HONDUREÑO ESTÁ ALZADO!

A pesar de la silenciación mediática, el pueblo hondureño continúa en pie de lucha. Un abrazo solidario y adelante con los sueños. 
M i M
Detrás de éstas líneas, comunicado del Frente Nacional de Resistencia Popular y un artículo del periodista Giorgio Trucchi actualizando los acontecimientos.

¡EL PUEBLO HONDUREÑO ESTÁ ALZADO!

Atendiendo al clamor del pueblo y al mandato de la Asamblea Nacional del 26 y 27 de febrero “Mártires Campesinos del Aguan”, el Frente Nacional de Resistencia Popular ha organizado y lleva a cabo un Paro Cívico Nacional con el que las grandes mayorías están demostrando contundentemente su rechazo a las políticas neoliberales, la explotación y la violación a los derechos humanos; y al mismo tiempo reafirman la confianza en su propia fuerza, en la posibilidad de crear con el poder que viene desde la base un futuro diferente y mejor. 

En todo el país, se bloquean vías de comunicación primarias y secundarias, se realizan plantones de protestas y movilizaciones frente a edificios públicos y privados, se detienen las labores en miles de centros de trabajo y se paraliza totalmente el sistema educativo. 

Es evidente que la dictadura no podrá completar sus planes de regalar nuestro país a un puñado de empresarios corruptos y compañías transnacionales. La ingobernabilidad creada por el golpe de Estado no fue subsanada con el cambio de rostro del régimen y no tendrá solución hasta que se retorne a la democracia.

Contamos con el respaldo de pueblos hermanos, sobre todo latinoamericanos, con la acción militante de la diáspora integrada en unidades de Resistencia Popular en el extranjero, y sobre todo, con la unidad de una gran cantidad de fuerzas cohesionadas en la mayor organización política y social de la historia de Honduras.

Hoy, esa gran masa popular le ordena al régimen de facto que detenga la ofensiva contra sus conquistas:

1.    Deben detenerse de inmediato los proyectos de privatización de la educación y la salud, que intentan escamotearse tras falsos calificativos de “municipalización” o “participación ciudadana”.

2.    Deben revertirse las medidas de expropiación de los fondos de previsión y ahorros de los maestros y los empleados públicos.

3.    Las presas y presos políticos deben ser liberados de inmediato y absueltos de todos los falsos cargos que se les impone.

4.    Debe detenerse el alza a los combustibles y a la canasta básica.

5.    Deben detenerse la represión contra las manifestaciones populares y la persecución, tortura y asesinato de integrantes de organizaciones populares.

6.    Debe permitirse el retorno seguro y sin condiciones del Coordinador General del FNRP, Manuel Zelaya Rosales.

La movilización que realizamos continuará indetenible hasta que se hagan respetar los derechos del pueblo.

A nuestra militancia organizada en todos los puntos de país en colectivos de resistencia la llamamos a mantenerse en pie de lucha, a soportar los embates de las fuerzas de represión de la oligarquía. Sigamos probando que es posible enfrentar las fuerzas del terror y la injusticia con acciones pacíficas, inteligentes y permanentes.

La revolución hondureña se gesta en nuestras luchas. Hoy aumentamos nuestra capacidad de movilización y articulación, así como los niveles de conciencia que ha alcanzado nuestro pueblo.

Estamos demostrando que los pobres tenemos poder y somos poder cuando nos organizamos.

¡El pueblo unido, jamás será vencido!

¡Resistimos y Venceremos!

Frente nacional de Resistencia Popular

--- El jue, 3/31/11, copinh honduras  escribió:

De: copinh honduras 
Asunto: Honduras sublevada contra el régimen
A: lacompa@listas.lacompa.org
Fecha: jueves, 31 de marzo de 2011, 12:10 am

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Giorgio Trucchi <gtrucchi1963@gmail.com>
Fecha: 30 de marzo de 2011 15:56
Asunto: Honduras sublevada contra el régimen
Para:


Honduras sublevada contra el régimen
Violenta represión en todo el país no detiene el Paro Cívico Nacional

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/democradura/honduras_sublevada_contra_el_regimen.htm

La violenta represión desatada la mañana de hoy (30 de marzo) por el régimen opresor de Porfirio Lobo, no ha detenido la gran movilización popular que se ha extendido en todo el país, en el marco del Paro Cívico Nacional decretado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Pero ha dejado como saldo el ataque violento a la sede del STIBYS, disparos a matar en el Bajo Aguán y decenas de heridos en todo el territorio nacional.

Honduras amaneció hoy semiparalizada, con cortes de carreteras en todo el país. Desde primeras horas de la mañana llegaban informaciones de las diferentes movilizaciones que estaban paralizando el tráfico nacional e internacional.

En la capital Tegucigalpa, la población en resistencia se desplazó en varios puntos de la ciudad, tomándose las principales arterias y los puentes vehículares.

Mientras tanto, centenares de maestros y maestras, que luchan para que no se privatice la educación y contra la brutal represión desatada en las últimas dos semanas, se reconcentraron frente las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la liberación de 20 colegas acusados de manifestación ilícita y sedición.

Ante esta nueva demostración de fuerza y capacidad de movilización del pueblo hondureño, el régimen sucedáneo del golpe de Estado mostró nuevamente su verdadera cara, al reprimir por segunda semana consecutiva al pueblo en resistencia.

“Están reprimiendo en todo el país, sin embargo la gente está resistiendo en Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Olancho, Colón, aquí en la capital y en muchos otros lugares. Han vuelto a tomarse las carreteras y siguen luchando”, dijo a Sirel, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres.

“Estamos peor que en los primeros días del golpe de Estado, sin embargo la gente ha aprendido y tiene una mayor capacidad de respuesta a la represión.

Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra territorialidad y nuestras conquistas. Estamos convencidos de que esta movilización permanente no va a parar”, aseveró Cáceres.

La directiva del COPINH condenó también la política hipócrita de Estados Unidos, que sigue financiando los cuerpos represivos del Estado y mantiene sus tropas desplazándose en territorio hondureño.

STIBYS bajo asedio

Durante la brutal represión ordenada por el régimen hondureño, la sede del combativo Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) ha sido violentamente atacada, con un saldo de varios heridos y detenidos.

“Las organizaciones sindicales y populares tomaron las carreteras frente al STIBYS desde las 6:30 de la mañana. A las 10:30 centenares de efectivos policiales y militares nos atacaron con bombas lacrimógenas y tanquetas lanza-agua, cargadas con líquido urticante. Comenzaron a golpear salvajemente a las personas y a perseguirlas por los barrios cercanos a nuestra sede”, dijo a Sirel, el vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce.

Muchas personas buscaron refugio en la sede del STIBYS. Eso no detuvo la violencia criminal.

“Desde la calle empezaron a disparar bombas lacrimógenas dentro de nuestra sede. Ya no se podía respirar, muchas personas fueron trasladadas al hospital y hay detenidos.

Pese a la represión no nos van a intimidar, ni a detener. Vamos a seguir con esta lucha, que es del pueblo hondureño en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las conquistas sociales, por la educación y salud pública, contra las políticas neoliberales.

Este régimen –continuó Ponce- surge de un proceso viciado y es continuación del golpe. En Honduras no hay institucionalidad, y los poderes fácticos que controlan el país quieren llegar hasta las últimas consecuencias.

Pero aquí hay un pueblo que no se va a callar. Ya llevamos más de dos semanas siendo reprimidos y seguimos en la calle. Mañana vamos a movilizarnos nuevamente y hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que denuncie lo que está pasando”, concluyó el vicepresidente del STIBYS.

Mientras se terminaba de redactar esta nota, el dirigente magisterial y directivo nacional del FNRP, Wilfredo Paz, comunicó a Sirel que la policía abrió fuego contra los manifestantes en el Bajo Aguán. El saldo es de varios heridos.

“La policía nos desalojó con violencia y comenzaron a perseguir a las personas disparando balas vivas. La gente se reagrupó y trató de volver a cortar la carretera en la zona de Sonaguera”.

Hay decenas de heridos a lo largo y ancho del país, la policía disparó contra profesores, campesinos y miembros de la Resistencia”. Además la policía invadió la Universidad Autónoma de Honduras, con igual hostilidad, los estudiantes están resistiendo pero el cerco es cada vez mayor.

Notas:

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HONDURAS: Conflicto minero se prolonga

Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos. Hace más de tres años que las autoridades sanitarias hondureñas tomaron muestras de laboratorios que fueron enviadas para su estudio a Colombia, pero se niegan a entregar resultados por escrito de las evidencias encontradas. Entre tanto, Honduras sigue en espera de una ley de minería que, tras años de estancamiento y limbo jurídico, termine de abrir las puertas a la inversión privada, tal como esperan las multinacionales, o establezca mayores controles ambientales, como lo solicita un amplio sector de la ciudadanía. Oro que contamina Tras el paso del huracán Mitch en 1998, Honduras abrió sus puertas a las multinacionales, hasta el punto de que hoy un tercio de su territorio está concesionado a empresas mineras, con un total de 157 licencias de explotación. Una de las concesiones más significativas es la mina de oro San Martín que se entregó el año 2000 a Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo. Pronto nació la oposición a la minera ante las serias sospechas de que la misma era altamente contaminante y dañina para los pobladores de los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que se extienden en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán. Su caso se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población. De acuerdo con denuncias del Comité Ambientalista del Valle de Siria, el agua contaminada del perímetro de la mina ha penetrado a las quebradas que son usadas para consumo doméstico y agrícola. Roger Escober vicepresidente del comité, declaró a Noticias Aliadas que “los tajos abiertos [auríferos] de Palo Alto y La Rosa derraman aguas con drenajes ácidos, que terminan llegando al consumo humano, pero la Fiscalía no ha hecho nada”. Y es que tras el golpe de Estado de junio del 2009, dice Escober, “hemos perdido la confianza en la Fiscalía que, a pesar de saber que hay niños gravemente enfermos, no ha actuado de oficio, como era su deber”. De no haber pronto una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, los pobladores no descartan acudir a instancias internacionales en busca de justicia. Ley controvertida La Ley General de Minería fue aprobada apresuradamente en 1999, siguiendo la estela de otros países de América Latina. Como dice Pedro Landa, reconocido activista a favor de una minería limpia, la ley “responde a una iniciativa regional del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] consistente en reducir los impuestos y disminuir los controles ambientales para atraer la inversión”. En el 2004 una serie de organizaciones de la sociedad civil redactaron consensualmente con instituciones del Estado un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, que nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD). En el 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos los referidos a la exoneración de pagos de impuestos de las mineras y a la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo para otorgar la concesión, lo que ha sumido a la minería hondureña en un limbo jurídico. De ahí que está ley esté actualmente parcialmente vigente. El año pasado, el diputado izquierdista Marvin Ponce volvió a impulsar en el Congreso un nuevo texto para la Ley General de Minería. Su contenido es similar al presentado por la ACD y supone, entre otras cosas, una actualización impositiva de la actividad minera. Ponce subraya “que el subsuelo le corresponde al Estado”, por lo que la ley debe beneficiar fundamentalmente a la población hondureña. El rechazo por parte de los empresarios locales a la propuesta del legislador ha sido frontal. “Definitivamente estamos en un 100% en contra del proyecto del diputado Ponce, quien quiere cerrar las oportunidades de trabajo a miles de hondureños que necesitan un empleo”, manifestó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Falta de consenso en sociedad civil Lamentablemente, la actual polarización política y social tras el golpe no está permitiendo una articulación social que haga posible incidir políticamente para consensuar una ley aceptable por todos los sectores, que garantice la salud de los pobladores y estándares altos de respeto al medio ambiente, al tiempo que desarrolle los importantes recursos mineros con los que cuenta el país. Algunos miembros de la sociedad civil, como Pedro Landa, integrante del Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), creen que el texto presentado por la ACD es demasiado ambicioso para que pueda ser aprobado. “Se ha perdido la perspectiva al buscar la bendición del Frente Nacional de Resistencia Popular [organización surgida contra el golpe de Estado del 2009 y que actualmente aglutina la oposición al actual gobierno] para cualquier tipo de lucha social”, dijo Landa a Noticias Aliadas. “Esto impide una articulación efectiva de la sociedad civil, mientras que del otro lado el poder del grupo empresarial es tan grande que la decisión ya está tomada”. Mientras el impase se prolonga, los pobladores del valle de Siria confían en que su caso se resuelva y se haga justicia para las personas afectadas, repercutiendo asimismo en el contexto nacional. “Debemos transmitir esto al resto de la población; nuestra lucha no termina aquí, queremos una nueva ley de minería”, insiste Escober. Un dictamen de la Fiscalía favorable a los pobladores del valle de Siria, que impidiera a Goldcorp cerrar e irse tranquilamente de Honduras, obligándola en cambio a compensar a los afectados, sería probablemente un primer paso para evitar que Honduras, siglos después de ser un enclave minero colonial, vuelva a poner en manos extranjeras sus riquezas naturales. -Noticias Aliadas.